Los tres inspectores de la Agencia Tributaria (AEAT) que comparecieron el pasado 25 de enero ante el juez del "caso Nóos", José Castro, y que exoneraron a la Infanta Cristina de defraudar a Hacienda, negaron hasta en nueve ocasiones durante su comparecencia en los juzgados de Palma de Mallorca haber recibido órdenes o insinuaciones para actuar de determinada manera respecto de la hija del Rey.
La inspectora que acudió en calidad de testigo, precisamente la que instó abrir una inspección a varias sociedades entre las que se encontraba Aizoon antes de que existiera la investigación judicial, defendió de forma rotunda su decisión de no incluir a Cristina de Borbón en el expediente a pesar de que compartía la titularidad del 50 por ciento de la mercantil con Iñaki Urdangarin. Negó además que nadie le insinuara que no incluyera a la hija del Rey en sus averiguaciones.
Durante su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, esta funcionaria de la delegación de la AEAT en Cataluña relató que fue ella quien solicitó en noviembre de 2011 a su superior la apertura de un procedimiento respecto del Duque de Palma, su exsocio Diego Torres y la esposa de éste Ana María Tejeiro. El procedimiento afectaría al Instituto Nóos, Nóos Consultoría, Virtual, Shiriaimasu, Intuit y Aizoon y se abrió tras conocerse la retirada por parte Tejeiro de determinadas cantidades de las cuentas de Nóos en billetes de 500 euros.
A preguntas del fiscal Pedro Horrach, según la transcripción de las declaraciones, la funcionaria reconoció conocer desde el principio que una de las socias de Aizoon era la hija del Rey.
Si no instó la investigación contra ella, decisión de la que dijo asumir toda la responsabilidad, fue porque pudo constatar que pese a ser socia de la mitad de la mercantil la Infanta "no constaba como autorizada en las cuentas de la misma, ni como administradora, no había participado en el movimiento de billetes de 500, no percibía rendimiento de trabajo alguno de la sociedad, ni tampoco dividendos." "No consideré oportuno cargarla", añadió.
En otro momento de la declaración, preguntada si es habitual investigar a una persona de la que se tiene un único dato de que es socia al 50 por ciento, la funcionaria contestó: "No, por supuesto que no, más que nada porque hay que buscar un punto de equilibrio entre la eficacia y la eficiencia de las actuaciones".
Según esta inspectora, como el expediente se inició el 30 de noviembre de 2001, la existencia de una posible irregularidad en el IRPF del ejercicio 2007 no hubiera prescrito hasta el mes de junio del año siguiente, por lo que ella hubiera dispuesto de unos meses para actuar, "después de haber ejecutado la primera carga del plan, si hubiera apreciado algún indicio de que la señora Infanta doña Cristina de Borbón y Grecia hubiera tenido alguna contingencia fiscal".
A lo largo del interrogatorio, la inspectora de la AEAT también reconoció que estaba legitimada para acceder en la base de datos a todos los referidos a la Infanta, y que de hecho los consultó en "reiteradas ocasiones" sin que nadie le insinuara "en ningún caso" que no tenía que investigar a esa persona.
Apuntó que no tenía que requerir ningún permiso para hacerlo y que actuó según su propio criterio profesional en todo momento.
"Quiero remarcar que la propuesta la hice en fecha 30 de noviembre de 2011 y que en el curso del procedimiento no vi la necesidad de cambiar, en ningún caso fue cambiada, es decir, que el inspector regional adjunto cargó exactamente lo que esta actuaria le solicitó", concretó la funcionaria ante el juez y el resto de partes.
Al término de su declaración, y a preguntas del fiscal, esta funcionaria negó igualmente en dos ocasiones de forma rotunda que el hecho de que el informe jurídico sobre este expediente se remitiera a la sede de Hacienda en Madrid tuviera como objetivo proteger u obstaculizar que la Infanta fuera imputada.
Igualmente negaron presiones los dos peritos de Hacienda, un hombre y una mujer, designados por el juez Castro en junio de 2012 para prestar auxilio judicial en la instrucción del caso.
Uno de estos funcionarios, el varón, reconoció a preguntas de la Fiscalía que conoció al actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con ocasión de la revisión del modelo de financiación económica en 2002, pues ambos formaban parte del Consejo de Política fiscal y financiera, si bien hace doce años que no le veía.
En este punto, negó que Montoro le insuara que tuvieran que tapar algo si ocurría con la Infanta Cristina, y añadió que en la actualidad no ha recibido "en absoluto" ningún tipo de presión, coacción o insinuación por parte de ningún superior o responsable político.
En los mismos términos absolutos se pronunció su compañera en el peritaje, y ambos negaron igualmente que se les hubiera llamado "desde Madrid" para decirles que fuesen con cuidado "porque estaba la señora Cristina de Borbón". Ambos coincidieron en que sólo pueden recibir órdenes del juez, y que si recibiesen indicaciones de cualquier superior deberían denunciarlo.