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La Fiscalía quiere que Mas se desplace a la Audiencia para testificar por el asalto del Parlamento

El departamento que dirige Javier Zaragoza se opone a que se acoja al privilegio de declarar por escrito.

El departamento que dirige Javier Zaragoza se opone a que se acoja al privilegio de declarar por escrito.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere que el presidente de la Generalidad, Artur Mas, se desplace hasta la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio por el asedio al Parlamento catalán que se produjo el 15 de junio de 2011 y que se desarrollará en el tribunal entre el 31 de marzo y el 3 de abril.

En un escrito, los fiscales Teresa Sandoval y José Perals, se oponen a que el líder de CIU se acoja a los privilegios que otorga la ley procesal penal a Mas para declarar por escrito en la vista oral. El Ministerio Público explica que ese privilegio que tiene como presidente de una comunidad autónoma debe ser entendido de manera "restrictiva" a la par que recuerda que Artur Mas acudió aquel día al Parlamento catalán en su condición de diputado y no de presidente regional.

"Así pues el señor Artur Mas no tuvo conocimiento de los hechos que van a juzgarse por razón de su cargo de Presidente de la Comunidad Autónoma sino por razón de su condición de diputado de Parlamento, al cual se dirigía para participar en una votación por lo que no puede aplicársele el privilegio que solicita", explica la Fiscalía.

En su escrito, remitido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, los fiscales sostienen que debido a la "excepcionalidad del privilegio" es difícil encontrar precedentes judiciales a la par que recuerdan que el expresidente del Gobierno, Felipe González, podría haber evitado testificar en persona por el secuestro de Segundo Marey y no lo hizo.

La Fiscalía también rechaza la solicitud de la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, de declarar también por escrito pues en este caso su cargo "no se encuentra en el listado" previsto por la ley para acogerse a este privilegio. "En ningún caso puede ignorar el llamamiento judicial para comparecer en el juicio oral sin que sea admisible que declare en su despacho", señalan los fiscales.

De igual modo, la Fiscalía se opone a que 33 testigos --los consejeros Ramón Espadaler y Santi Vila, la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, y 30 entonces diputados-- declaren por videoconferencia.

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