El pasado 6 de febrero, un grupo de 250 inmigrantes irregulares intentaron entrar ilegalmente en España asaltando el vallado fronterizo de Ceuta. En el último de los intentos, que se produjo por el espigón de la playa de El Tarajal, perdieron la vida ahogados en aguas marroquíes quince de estos irregulares. Desde entonces, las críticas al Gobierno y la Guardia Civil por el uso de material antidisturbios para evitar la violación del perímetro fronterizo no han parado.
Una de las peticiones de los partidos de la oposición tras estos hechos, especialmente del PSOE, es que se hicieran públicas las imágenes completas captadas aquella madrugada por las cámaras de seguridad, pues el Gobierno apenas había hecho públicos algunos minutos. La primera petición del PSOE fue el 17 de febrero, cuatro días después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, compareciese en la comisión de Interior del Congreso para explicar los sucesos de la citada madrugada. Reclamaban, exactamente, "las 5 horas de grabación que oculta Interior".
El 19 de febrero, durante un debate en el hemiciclo por una moción de Izquierda Plural (IU, ICV y CHA), el portavoz de Interior del PSOE en el Congreso, Antonio Trevín, volvió a pedir las imágenes íntegras. "Alcance a quien alcance y caiga quien caiga. Hoy ya sabemos que el Gobierno tiene preparadas para entregar las cintas grabadas el día 6 en la frontera de Ceuta", tras lo que requirió que las mismas fuesen mandadas a la Cámara Baja: "Si no lo hace, mañana mismo el Grupo Socialista pedirá la constitución de una Comisión de Investigación al respecto".
En esta línea se manifestaron otros dirigentes socialistas nacionales y locales hasta que el pasado día 21 de febrero, el Ministerio del Interior hizo públicos los vídeos íntegros grabados por las cámaras de seguridad del perímetro fronterizo de Ceuta justo después de que fuesen entregados en el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta y de que la titular del mismo no decretase el secreto de sumario.
Esa tarde, de nuevo el socialista Antonio Trevín, se congratuló porque "sin la presión de la oposición, las imágenes sobre la tragedia de Ceuta seguirían ocultas" y dijo que el Gobierno tenía la "voluntad de hurtar al conocimiento público informaciones absolutamente relevantes para comprender y calificar los hechos acaecidos y que siempre estuvieron en manos de quienes las ocultan".
Pese a esta ofensiva parlamentaria del PSOE, la actitud de los socialistas no siempre ha sido la de que se hicieran públicas las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla. O por lo menos esa no fue su postura cuando los de la calle Ferraz estaban en el Palacio de La Moncloa.
Durante 2005 y 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con José Antonio Alonso al frente del Ministerio del Interior, se negó a hacer públicas las imágenes captadas por las cámaras del vallado de seguridad de Melilla argumentando que "podría vulnerar los derechos de las personas, protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal", según una respuesta del Ejecutivo a un parlamentario de CiU.
El 28 de agosto de 2005, pasadas las 22.00 horas, "se produjo un asalto masivo y en fuerza por un grupo de unos 300 inmigrantes de origen subsahariano, que intentaron vulnerar el sistema integral de seguridad del perímetro fronterizo de Melilla", según el informe oficial de la Guardia Civil redactado en aquellas fechas, al que tuvo acceso Libertad Digital. "Las Fuerzas del Cuerpo tuvieron que emplear material antidisturbios (pelotas de goma y defensas) llegando al contacto físico en numerosas ocasiones, debido a la actitud de desobediencia y resistencia de los inmigrantes", continuaba, dejando patente que el Gobierno Zapatero permitía el uso de material antidisturbios que ahora critica.
Un día después de este asalto, las Fuerzas de Seguridad marroquíes encontraron el cuerpo sin vida de un subsahariano que había participado la noche anterior activamente en el intento de asalto al vallado fronterizo de la ciudad autónoma.
El 6 de septiembre de 2005, aunque con sello de un día después en el Registro General del Congreso de los Diputados, el nacionalista catalán Carles Campuzano hizo una solicitud de datos, informes o documentos al Ejecutivo: "Primer informe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla sobre los incidentes del pasado 28 de agosto en la frontera con Marruecos y grabaciones en vídeo completas de los mismos".
El Gobierno dio la callada por respuesta, hasta el punto de que el diputado de CiU tuvo que elevar un escrito de amparo a la Presidencia del Congreso en febrero de 2006: "Con fecha 07 de septiembre de 2005, el Diputado que suscribe presentó una solicitud de informes a la Administración del Estado con número de Registro 81773, y número de expediente 186/1077. Transcurrido el tiempo reglamentario sin que se haya procedido a la remisión de dicha documentación por parte del Ministerio correspondiente, este Diputado solicita el amparo de la Presidencia para que le sea remitida la información solicitada".
Finalmente, el Gobierno Zapatero respondió al diputado de CiU amparándose en la Ley de Protección de Datos ya antes mencionada el 28 de febrero de 2006, cinco meses y 21 días después de la primera solicitud de información presentada por el diputado Carles Campuzano.