La Audiencia Nacional ha acordado este lunes que el presidente de la Generalidad, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento catalán, Nuria de Gispert, declaren como testigo en el juicio por el asedio al Parlamento catalán que se produjo el 15 de junio de 2011 y que se desarrollará en el tribunal entre el 31 de marzo y el 3 de abril por videoconferencia desde la sede institucional donde desempeñan sus cargos.
Además, la Sección Primera que preside el magistrado Fernando Grande Marlaska acuerda que la declaración de los consejeros Espalder y Vila i Vicente y otra treintena de testigos que ejercen como diputados autonómicos y altos cargos se hagan también por videoconferencia pero desde la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
En un auto, la Sala rechaza la petición de Mas de declarar por escrito porque esa excepción contemplada da en la ley no es aplicable cuando se trata de testigos de cargo que, además, son presentados en la hipótesis acusatoria como "víctimas de delito".
Los magistrados también rechazan la solicitud de la Fiscalía de que todos los testigos declararan en persona y no por videoconferencia. El Ministerio Público sostuvo que ese privilegio que tiene como presidente de una comunidad autónoma establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe ser entendido de manera "restrictiva".
Sin embargo, según los jueces el uso de la videoconferencia es "habitual y cuenta con todas las garantías y lo contrario originaria perdidas de jornadas de trabajo y perjuicios para el servicio que desempeñan, además de los gastos de desplazamiento y dietas".
El tribunal concluye que "causar las menores molestias a las personas q son llamadas a cumplir con sus obligaciones para con la justicia como testigos y peritos añade valor a la legitimidad de jueces y tribunales".