Voluntarios de la plataforma en defensa de la libertad religiosa MasLibres.org entregaron ayer en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía, 85.000 peticiones para evitar la expropiación de la Mezquita-Catedral de Córdoba. El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se hizo la "foto" con los partidarios de la arrebatar a la Iglesia la propiedad y la gestión del monumento. Pero hay que recordar que el gobierno Zapatero premió la gestión de la Iglesia en la figura de dos arquitectos por la excelente conservación del complejo.
Pocos recuerdan ya que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero premió de forma expresa el trabajo de conservación realizado por la Iglesia. En 2009, tres años después de estar ya la Mezquita registrada a nombre de la Iglesia, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, concedió el Premio Ciudades Patrimonio de la Humanidad a los conservadores de la Mezquita-Catedral, Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo Puig, unos arquitectos que dependen directamente del Cabildo
El premio, que estaba cuantificado en 24.000 euros, estuvo avalado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, que fue quien presentó formalmente la candidatura.
Por si fuera poco, como subraya ABC, el fallo del jurado se deshizo, literalmente, en elogios hacia el trabajo de los responsables técnicos de cada piedra que se mueve en el monumento y que han sido los autores de proyectos sufragados con fondos públicos como la restauración del crucero de la Catedral, por ejemplo, y la reparación de toda la techumbre del monumento, entre otras iniciativas.
Estas iniciativas tuvieron en cuenta que las cofradías pudieran realizar la carrera oficial de la Semana Santa con pasaje en la Catedral-Mezquita cordobesa.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que fue sacerdote y de reconocida trayectoria en la izquierda andaluza, recibió ayer a los representantes de la Plataforma Mezquita-Catedral-Patrimonio de tod@s,unl colectivo ciudadano que ya ha recogido más de 143.000 firmas online para pedir a la Junta de Andalucía "que intervenga para evitar que el Obispado de Córdoba se apropie de la Mezquita-Catedral de Córdoba".
Antonio Manuel Rodríguez, su promotor, dice que no buscan ni la desamortización, ni la expropiación porque este bien nunca fue de la Iglesia salvo por apariencia. De hecho, la Mezquita fue registrada a nombre de la Iglesia o en marzo de 2006 por 30 euros, sin publicidad y sin pagar impuestos pero ajustándose a una ley que permitía que la Junta optara a la propiedad, cosa que no hizo.
La Mezquita de Córdoba no estaba inventariada como un bien de dominio público aunque tampoco estaba registrada por la Iglesia como una de sus propiedades. Según esta Plataforma, el monumento se encontraba en una especie de vacío jurídico por el simple hecho de que una parte de él estaba, y está, destinado a un uso confesional, "aunque su verdadero uso sea el turístico" ya que el Obispado de Córdoba cobra por entrar a la Mezquita-Catedral ocho euros en concepto de "donativo".
Según El Mundo se trata, para esta Plataforma, de obtener la revocación de la propiedad, algo que es posible durante los diez primeros años desde la inmatriculación del bien y son las administraciones las que tienen que pedirlo antes de 2016.
Por ello, los organizadores de la Plataforma tienen prisa y se han propuesto tres metas:
- La puesta en marcha una recogida de firmas a través de change.org. que quieren que llegue a las 150.000 entre las que están la de Antonio Gala, José Manuel Caballero Bonald o el guitarrista flamenco Manolo Sanlúcar. Las rúbricas se adjuntarán al documento que se presentará a la Unesco y a la propia Junta de Andalucía.
- Pedir a la Unesco que intervenga en el asunto y elabore un Código de Buenas Prácticas porque la gestión del monumento pone en peligro su simbología como paradigma universal de concordia entre culturas.
- Exigir a la Junta de Andalucía que intervenga porque la Mezquita de Córdoba se registró de forma "ilegal" utilizando dos normas franquistas y preconstitucionales. Según el promotor de la Plataforma, nada de esto habría ocurrido si la Iglesia católica no hubiera registrado en 2006 el monumento como suyo. Por ello, la Junta de Andalucía tiene que "atacar" la inscripción del bien para que todo vuelva a la situación previa a 2006.