Si no hay un acuerdo de última hora, el próximo 24 de marzo se celebrará el juicio contra la web de información religiosa Germinans Germinabit instigado por el Arzobispado de Barcelona. Dicha página es un medio de información religiosa surgido para hacer frente al discurso nacionalista de un amplio sector de la jerarquía eclesial en Cataluña, el único medio digital catalán crítico con el sesgo ideológico de la Iglesia en esa comunidad y la única extensión informativa que ha eludido sistemáticamente el control de contenidos del Arzobispado.
Con medios escasísimos, colaboradores altruistas y sin financiación ni ayudas de ninguna clase, la página en cuestión se convirtió al poco de nacer, en 2007, en un referente de información veraz y crítica razonada, un espacio donde religiosos y laicos se expresan con libertad, el último refugio de quienes no comulgan con la singular fusión de iglesia y nacionalismo que se produce en Cataluña. Desde entonces ha mantenido la misma línea y el carácter referencial. Y desde entonces, el Arzobispado ha removido Roma con Santiago para intentar, por este orden, cerrar la página, identificar a sus inspiradores, autores y colaboradores y aplicarles un serio correctivo, al más puro estilo inquisitorial.
En octubre de 2010, el canónigo Josep Anton Arenas Sampera, a la sazón director espiritual del Seminario Conciliar de Barcelona, presentó una querella criminal por injurias y asociación ilícita, nada menos. La querella venía firmada por Ramón Batlle Tomás, sacerdote ejerciente en Mataró, número dos de la delegación de economía del Arzobispado y miembro del Tribunal Eclesiástico.
Ante semejante despliegue, el titular del juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, Juan Emilio Vilá Mayo, llegó a citar como testigo al arzobispo y cardenal Lluís Martínez Sistach. Para evitarlo, se modificó la querella y se retiró del asunto el director del Seminario. Sin embargo, se imputó al informático que registró la página, a su esposa (titular de la visa con el que se pagó el registro) y al titular de la página, que había utilizado un nombre supuesto al efecto de registrarla. El fallo consistió en que el nombre elegido al azar se correspondía con el de un diácono, que dijo sufrir un perjuicio moral, por lo que el juzgado le ofreció continuar el procedimiento por suplantación de personalidad y usurpación del estado civil, a lo que este accedió.
El auto de imputación es una de las piezas más singulares que ha producido la retórica judicial en los últimos años con párrafos de esta índole: "La querella (por delito contra el honor, y falsedad, finalmente limitado el proceso a este último) traslada a la justicia civil, del Estado español, un problema de la religión católica, un problema de religión, un problema del homo sapiens. Decir que es un problema del hombre, como tal, significa que la cuestión religiosa no es una cuestión que solo interesa al que practica una u otra religión, sino que interesa al homo sapiens. El homo sapiens es capaz de pensar, el universo y él en el universo; busca el sentido de esta cosa extraña que es la existencia (Jean d'Ormesson). Lo piensa (hay quien no ejerce), vinculando lo visible y lo invisible a través de lo simbólico". Y así hasta ocho páginas de auto en las que el instructor concluía que Germinans es un "grupo ortodoxo, exclusivo y excluyente, bien organizado en su red de información" que "difunde sus valoraciones sobre personas y comportamientos desde el anonimato, descalificando sistemáticamente a otros sectores que estiman heterodoxos".
Visto el celo persecutorio se comprende que muchas de las colaboraciones con ese medio se amparen en el anonimato. Y pese a que Martínez Sistach se había retirado preventivamente del asunto, el juez, en otra insólita actuación, dispuso que se notificara el auto al "Cardenal-Arzobispo de Barcelona".
Al corriente por tanto de los hechos, Sistach abortó cualquier posibilidad de acuerdo extrajudicial, pese a la intensa labor de algunos mediadores, cuyo principal argumento era el papelón de la jerarquía en esta persecución ideológica, doctrinal y judicial, prendida con alfileres de un caso de homonimia. Para salvaguardar a los imputados (a los que el fiscal demanda cuatro años), los responsables y autores de la página se ofrecieron a desmantelarla y no reemprender su actividad bajo otro nombre o marca, pero la posición del cardenal ha sido inflexible: ni reconciliación ni perdón. Quiere los nombres de todos los sacerdotes que escriben o proporcionan información a esa web, que combina las notas confesionales con las noticias de los excesos dialécticos de personajes tan reconocidos por la iglesia catalana como el abad de Montserrat, ariete del nacionalismo al que tuvo que desmentir recientemente el nuncio en España tras decir que el Vaticano reconocería un hipotético estado catalán.