Una semana después de los altercados registrados durante la manifestación de las autodenominadas Marchas de la Dignidad, la comisión jurídica del 22-M ha hecho su particular balance de lo sucedido. Denuncian "torturas y vejaciones" contra varios de los 21 detenidos a los que, dicen, "se les privó de comida, agua y medicinas durante las primeras 24 horas" y responsabilizan a la Policía de calentar el ambiente y “actuar de forma indiscriminada y brutal” contra los manifestantes.
"Tres petardos de tres personas sin identificar fueron la excusa para cargar contra los manifestantes pacíficos", ha defendido el coordinador estatal de las Marchas Rafael González que califica lo sucedido el pasado 22 de marzo como un "montaje desde las cloacas del Estado para que en los telediarios se hablase de las cargas". Pese a ello, González ha amenazado con nuevas marchas que "se están preparando desde hoy mismo, esto no ha terminado". "No dudéis de que nos seguiremos viendo en las calles", añadía una de las manifestantes presente en la rueda de prensa.
En contra de la versión de la Delegación del Gobierno y la propia Policía, esta comisión asegura que " los antidisturbios irrumpieron sobre las 20:40 horas en la Plaza de Colón" para cargar contra los manifestantes que en ese momento "mantenían una actitud tranquila y pacífica" y que tenían previsto finalizar sus marchas a las 21:30 horas.
En una rueda de prensa en Madrid, el equipo jurídico de las Marchas ha recomendado a sus organizadores que emprendan acciones legales contra la Delegación del Gobierno y la Policía al entender que se ha vulnerado "la normativa aplicable a las actuaciones policiales, así como los derechos fundamentales de manifestación, reunión, expresión, y a la participación en los asuntos públicos".
Piden libertad para el detenido
Sobre la situación del único detenido que continúa en prisión preventiva acusado de un delito de lesiones, el joven madrileño de 21 años, su letrado, Jesús Calpe, ha exigido "su inmediata puesta en libertad" por falta de pruebas. Calpe ha vuelto a negar que su cliente se haya jactado de haber tirado una piedra en la cabeza a un agente tal y como figura en el auto de prisión.
El abogado del detenido por tanto, responsabiliza de las declaraciones que se atribuyen al joven -"voy todo de subidón. Le tiré una piedra a la cabeza cuando estaba en el suelo"- a un policía que iba de paisano y que estaba infiltrado en el tumulto.
Por último, Jesús Calpe, que ha reconocido que la comisión jurídica del 22M se ha reunido esta semana con un equipo de observadores internacionales de la OSCE, defiende que " se ha utilizado a los policías para darles una imagen de víctimas frente a los radicales.