El letrado mayor del Parlamento andaluz, José Víboras, ha instado a poner en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los autos de la juez Mercedes Alaya en los que pide investigar la actuación de la Cámara andaluza respeto a las partidas del caso de los ERE fraudulentos.
En su informe de urgencia, que ha elaborado a instancias del presidente del Parlamento, el letrado indica que se debería poner la actuación de Alaya en conocimiento de la Fiscalía "en defensa de nuestra institución y de la legalidad vigente", y afirma que "un juez no puede investigar el trabajo de un Parlamento".
El responsable de los servicios jurídicos del Parlamento asegura que la juez, al pedir investigar el posible conocimiento de la Cámara andaluza de las partidas del caso de los ERE fraudulentos, "somete a investigación la actividad del Parlamento de Andalucía en la tramitación de un concreto procedimiento legislativo".
En el informe, al que ha tenido acceso Efe, añade que la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla "carece de propia jurisdicción para ordenar una investigación, de naturaleza jurídico-penal, sobre lo que pudo conocer, o dejar de conocer, una comisión parlamentaria en el ejercicio de sus funciones".
El letrado mayor concluye que "el debate en el Parlamento queda al margen de la jurisdicción de los jueces y tribunales. Un juez no puede investigar el trabajo del Parlamento en el marco de un procedimiento penal ni siquiera para delimitar la responsabilidad de terceros".
Tras destacar la "inviolabilidad del Parlamento", el letrado mayor agrega que "sería disparatado que por parte del Poder Judicial y del Ejecutivo se ordenase cualquier género de investigación sobre la actividad del Legislativo", y critica que la actuación de Alaya "arroja inconscientemente una sombra de sospecha sobre las instituciones".
"En un momento de crisis política como el actual, incluso de representación, no puede aceptarse que jueces y tribunales que deben estar al servicio de la legalidad la pongan en cuestión", indica el letrado, quien considera que "investigar la actividad de una asamblea legislativa en el ejercicio de sus funciones constituye un claro atentado al propio Estado de Derecho".
Por ello, el letrado insta a comunicar lo ocurrido a la Fiscalía porque el presidente del Parlamento, según el Reglamento de la Cámara, ante cualquier "actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su función parlamentaria, adoptará de inmediato cuantas medidas estime convenientes en orden a salvaguardar los derechos y prerrogativas de las Cámaras y su miembros".
También recuerda que el Código Penal establece que la autoridad o funcionario público que quebrante la inviolabilidad de un parlamento autonómico será castigado con una pena de entre 10 y 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.