La asociación funcionarial 'Defiendo mi derecho y la gestión pública', creada para combatir la 'Ley del Enchufismo' del gobierno Griñán, acusó este martes de "operación de propaganda" a la estrategia urdida en torno a la Ley de Transparencia, a la que calificaron como uno de los tres pilares totalitarios de la legislatura del bipartito PSOE-IU, junto con la ley de Memoria Histórica y la de la Función Social de la Vivienda. Los testigos presenciales afirmaron que nunca jamás se había oído una intervención así en el parlamento andaluz.
En la sesión parlamentaria en la que pudo intervenir, Guillermina Bermejo, presidenta de la Asociación, arguyó que ya existe una ley estatal vigente sobre Transparencia, aprobada por el PP en esta legislatura, que es de obligada aplicación por las comunidades autónomas. Tal hecho hace a la ley andaluza absolutamente prescindible. Es más, precisó, recomendablemente prescindible; pues la duplicidad legislativa es contraria a la seguridad jurídica consagrada en la Constitución y así lo reconoce el Tribunal Constitucional.
Bermejo describió el espíritu totalitario de esta Ley en su órgano de control, la Comisión Consultiva de la Transparencia y Protección de Datos, que la diferencia de la Ley estatal por las razones siguientes:
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Deslegalización del órgano. Es decir, no lo establece la ley, sino que deja a la voluntad del que ha de ser controlado su designación. El ladrón designa a los vigilantes de la caja fuerte; o, en metáfora más real en la Junta, el opositor designa al tribunal que ha de evaluarlo.
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Es endogámica y gremialista. La composición es la de los de siempre: el Parlamento, la Junta, los sindicatos, las Universidades, los consumidores, los ayuntamientos y los "expertos" o personas de reconocido prestigio. Bermejo añadió: "Ya sabemos quiénes son los que controlan los sindicatos, las universidades, los ayuntamientos, los consumidores, la junta, el parlamento. Todo remite al mismo dedo: el del que mande en el PSOE".
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Los órganos de control no deben tener más que un mandato para que bajo la prebenda o beneficio de la prórroga no sientan la debilidad de dejar de ser imparciales y objetivos. Así es en la ley estatal, pero no en la andaluza. Por ello, "los nombramientos convenientemente manejados harán bizcochables a los miembros, si fallan los otros mecanismos".
Bermejo definió con claridad: "Todo perfecto. El controlador controlado. Todo el poder en manos del mismo: ni frenos ni contrapesos. ¿Acaso no es eso virtud del totalitarismo?", se preguntó.
Gravísimo en la Ley de Transparencia andaluza es que se otorga la condición de administración pública a una serie de entes –entre ellos las agencias que integran la administración paralela-, despreciando lo establecido en la Constitución. No sólo se les atribuye el ejercicio de potestades públicas a estos entes, sino que, y es mucho más grave, se les atribuye el ejercicio de la potestad sancionadora. Según la presidenta de Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, esto es "una grandísima aberración constitucional, Una coz totalitaria al estado de derecho".
Finalmente, expuso, la creación de órganos -dos- para colocar amiguetes y correligionarios serviles sólo aumentará el gasto a costa de los servicios que deberían prestar y que no prestan o recortan. En resumen, dijo Guillermina Bermejo, "una ley de transparencia para garantizar la opacidad", para neutralizar la aplicación de la normativa estatal más rigurosa, para colocar adeptos y limitar las libertades públicas.
El caso Guillermina y su castigo por el régimen
La funcionaria de la Junta Guillermina Bermejo, presidenta de la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, estuvo "abandonada" y sin trabajo durante meses en la Casa Rosa de Sevilla, antigua sede la Consejería de Medio Ambiente, un edificio que quedó vacío por el traslado de los empleados públicos a otro inmueble de la nueva Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Guillermina fue una de las impulsoras de las manifestaciones contra la ley del enchufismo que promulgó el gobierno Griñán y que logró que decenas de miles de empleados se manifestaran en Sevilla y otras ciudades andaluzas.
Tuvo que llegar al extremo de presentar una denuncia en el juzgado por un presunto delito contra los derechos y libertades de los trabajadores y contar públicamente su caso. En una entrevista con El Mundo explicó que la Junta no le dio ninguna explicación por su situación: "Ni una palabra. Antes y verbalmente, me indicaron que la coordinación administrativa se iba a trasladar a la sede de la calle Tabladilla porque así se había ordenado. En otra ocasión, alguien me dijo que no contaban conmigo, pero sin aportarme ninguna razón. Y la última vez alegaron que no hay sitio donde está el resto de mis compañeros...".
En dicha entrevista aseguró que había muchos funcionarios como ella que habían sido despojados de su trabajo. "La sumisión, el ver, oír y callar, y el 'sí, mi amo' es el emblema de nuestra institución. La Junta y lo de su reordenación es un ejemplo... La Junta, para consolidar el régimen, necesita una Administración clientelar y sumisa, que es todo lo contrario a una profesional. No quieren servidores públicos de verdad que apliquen la legalidad o sean imparciales, sino que buscan el interés partidista".