La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 22 años de prisión para Enrique O.G. que el 23 de octubre de 2013 entró disfrazado de cura en el domicilio del extesorero del PP Luis Bárcenas, donde retuvo a su esposa, a un hijo del matrimonio y a la empleada doméstica.
En la sentencia, los magistrados consideran a Enrique O.G., de 65 años, de nacionalidad española y sin antecedentes penales, autor de tres delitos de secuestro, tres de amenazas, uno de tenencia ilícita de armas y tres faltas de lesiones.
En la resolución, los magistrados fijan expresamente en 18 años de prisión el límite máximo de cumplimiento efectivo de la condena del falso cura, por lo que quedarán extinguidas el resto de las penas impuestas una vez cubierto dicho máximo.
Como hechos probados, la sentencia narra cómo Enrique O.G accedió a la vivienda vestido de sacerdote y diciendo que era enviado por el obispado para "hacer gestiones" que tenían que ver con la eventual "libertad" de Bárcenas. Tras acceder a la vivienda, ubicada en la madrileña calle Príncipe de Vergara, el asaltante le expuso a Iglesias que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz era favorable a la excarcelación de su marido.
"Tras veinte minutos de conversación Enrique O.G manifestó que iba a acoger una pastilla del maletín que portaba para combatir la acidez de estómago, y tras introducir la mano en el mismo, extrajo de él un revólver con el que apuntó a los presentes diciéndoles se acabó el teatro", subrayó.
Quería los 'pendrives'
Posteriormente, el falso sacerdote les exigió que les dieran los pendrives y la documentación que tuviera en referencia al caso de los papeles de Bárcenas. Les dijo además que si hacían caso omiso a sus requerimiento, les mataría a todos y de esta manera les obligó a desplazarse por la casa hasta el despacho en el que él creía que podía estar todos los documentos.
A continuación, el hombre maniató a Iglesias, a su hijo Guillermo Bárcenas y a su asistenta hasta que una hora más tarde el joven pudo soltar sus bridas y, tras un forcejeo con el atracador, logró quitarle el arma. Posteriormente, la asistenta salió a la calle a pedir auxilio y ahí comenzó el final de la pesadilla.
La Sala estima que la conducta protagonizada por el acusado "fue personal y materialmente pluriofensiva al afectar subjetivamente a tres personas que fueron víctimas de los hechos enjuiciados".
Además, los jueces entienden que los actos del condenado afectaron también a diversos bienes jurídicos: "la inviolabilidad domiciliaria e intimidad familiar de los titulares y moradores de la familia, la libertad ambulatoria, la libertad y seguridad personal y la integridad física de las víctimas, así como la seguridad general o comunitaria que, a través de la regulación de la posesión de armas por parte de particulares, se trata de preservar".
Si bien el tribunal considera que concurre en el condenado la atenuante analógica de alteración psíquica, establece que "no puede apreciarse como eximente completa o siquiera incompleta", tal y como pretendía la defensa del acusado. Los informes médico-psiquiátricos emitidos ratifican que las capacidades de comprensión y abstracción de Enrique O. G. son adecuadas y mantiene plena conciencia de la realidad, por lo que es "capaz de distinguir con normalidad entre la licitud e ilicitud de una conducta".
En el juicio, el condenado reconoció los hechos y aseguró que escuchaba voces en su cabeza, un extremo que fue desmentido por los forenses al asegurar que esta situación no sería compatible con el trastorno de personalidad que sufre.