No intervino Susana Díaz en el Pleno parlamentario de ayer en Andalucía sino el consejero de Educación, Luciano Alonso, que ha heredado el "marrón" de la formación profesional de ocupados y desempleados que llevó siempre el Servicio Andaluz de Empleo. Sorprendentemente, Alonso cargó contra el Gobierno del PP y trató de extender la sospecha del fraude, que podría afectar a unos 2.000 millones de euros, a ayuntamientos y diputaciones que impartieron cursos de formación, la mayoría en manos de los populares desde 2011(hasta entonces casi todas y la mayoría de los municipios en manos del PSOE). Reconoció que hay casi 1.750 millones pendientes de revisión desde 2007. El PP pedirá una comisión de investigación ante el oscurantismo de la Junta y el pasotismo de Susana Díaz.
El Consejero Alonso dijo que la Junta sólo ha encontrado motivos para reclamar poco más de un millón de euros a cuatro entidades y tras ocho meses de investigación. Sólo en el expediente de la Operación EDU que investiga la policía en Málaga implica más de un millón de euros a empresas y entidades que no cumplían los requisitos básicos para recibir subvenciones para la formación, además de otras irregularidades.
Precisó el consejero que los cuatro casos eran las subvenciones concedidas entre 2008 y 2009 al Ayuntamiento de Fuenteheridos, por valor de 449.956 euros; la escuela de Hostelería de Málaga, por 575.330 euros; Cemer Córdoba, 4.820 euros; y el consorcio de hostelería de Benalmádena, por 29.069 euros. 1.059.176 euros en total.
No detalló el Consejero los 56 expedientes de inicio de reintegro a entidades que tampoco identificó. Tampoco reveló, subraya ABC, el importe económico de los 1.728 expedientes analizados por los interinos contratados ad hoc desplazando a la administración profesional de la Junta en el examen.
Sí habló del dinero pendiente de justificación en estos cursos de formación: nada menos que 1.744 millones, correspondientes a 8.505 expedientes de subvenciones a entidades desde el año 2007 a 2013. O sea, hay numerosos casos están pendientes de revisión desde hace siete años pero según el Consejero, los controles "han funcionado".
El parlamentario del PSOE Francisco Menacho extendió la sombra del fraude más allá de Despeñaperros. «No es un tema andaluz, se da en toda España», aseguró.
La eurodiputada del Partido Popular y candidata a las próximas elecciones europeas, Teresa Jiménez Becerril, acusó ayer al gobierno andaluz de ser el responsable de "ensuciar" la imagen de Andalucía en Europa por “los escándalos que cada día descubrimos”. Dijo, respecto al fraude detectado en los fondos de formación de la Junta, que estas cuestiones “no benefician” la imagen de Andalucía, al tiempo que puso “en cuarentena”, que, tal y como afirma el gobierno andaluz, no haya fondos europeos comprometidos en este presunto fraude.
"Quiero saber si de verdad los hay o no los hay", afirmó en el transcurso de una rueda de prensa en Sevilla para presentar el programa electoral con el que el PP concurre a los comicios del 25 de mayo.
Por su parte, la secretaria general del PP andaluz, Loles López, afirmó que el Grupo Parlamentario Popular pediría una comisión de investigación si finalmente la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no comparecía ayer en el Parlamento para dar explicaciones sobre el fraude de los cursos de formación. "No puede estar escondida la máxima responsable del Gobierno andaluz cuando éste caso está salpicando directamente a su Gobierno", añadió.
En este sentido, López denunció que Díaz continúe sin dar la cara y apuntó que por lo que saben hasta el momento no tiene la intención de comparecer en la Cámara andaluza para dar a los andaluces las explicaciones oportunas sobre esta asunto.
"El hecho de que Díaz siga escondida deja mucho que desear de una presidenta de la Junta. Está equivocada porque las competencias se delegan pero las responsabilidades no y es ella la que tiene la obligación y responsabilidad de dar explicaciones a todos y a cada uno de los andaluces", agregó.
Finalmente, aseveró que Díaz tendrá que "aclarar el descontrol que tiene en su Gobierno y explicar si el que tiene razón es su consejero de Justicia y estamos ante un bulo o si la tiene su socio de Gobierno y estamos ante un fraude".
Para IU, el tema es un escándalo, pero ya menos
La parlamentaria Rosalía Martín pidió explicaciones al Gobierno andaluz por el tema pero su tono fue mucho menos duro que el de su portavoz parlamentario José Antonio Castro, quien dijo que el fraude no era un bulo como afirmaba el PSOE sino un escándalo.