La Feria de Sevilla tiene estas cosas. Susana Díaz se ha dado ya unas vueltas por el Real y en una de ellas se ha topado con una empresaria a la que la Junta no lograba localizar a causa de una ayuda irregular. Supuestamente desconocedora del caso, Susana Díaz incluso se hizo una foto con ella.
La empresaria buscada por la Junta y no encontrada es Carmen Fernández Róbalo, presidenta de Centro de Formación Ocupacional María Coraje S.L.L. La búsqueda se agrava porque no ha devuelto a las arcas públicas los 66.000 euros de una subvención ilegal otorgada en junio de 2003 por la Consejería de Empleo. El caso fue recogido por Libertad Digital hace dos años.
La señora Fernández Róbalo es una histórica militante socialista de la agrupación de Pino Montano(Sevilla) y es esposa de José Marín, un ex alto cargo del Ayuntamiento de Sevilla condenado en el caso de las facturas falsas del distrito Macarena.
El matrimonio asistió el pasado domingo a la recepción dada en la caseta del PSOE y lograron fotografiarse con la presidenta de la Junta, Susana Díaz. La instantánea la ofrece este viernes el diario El Mundo.
Lo que no podía desconocer Susana Díaz era la identidad de ambos porque fue concejal de Sevilla cuando Marín era asesor del grupo municipal socialista y director del distrito Macarena y fue condenado por la Audiencia de Sevilla a cuatro años y tres meses de cárcel y seis de inhabilitación por diversos delitos. El Supremo ratificó esta condena.
Por su parte, la Junta de Andalucía reclama 66.000 euros a una empresa de Fernández Róbalo denominada Centro de Formación Ocupacional María Coraje S.L.L a la que intentado localizar sin éxito. Hace un año y medio, se inició un procedimiento de revisión de oficio de la subvención, por posible nulidad pero ella dice que no le consta. Sí consta que el 23 de junio de 2003 el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, le otorgó a Centro de Formación
Ocupacional María Coraje S.L.L. una ayuda de 66.000 euros que le pagó en dos partes: 33.000 euros el 24 de octubre de 2003 y otros 33.000 euros el 30 de julio de 2004. Como es habitual al parecer en la Junta, la subvención se concedió sin publicidad ni concurrencia ni respetar ninguno de los trámites que marca la ley, por lo que el Consejo Consultivo la declaró nula.
