La empresa pública de la Vivienda de la Junta de Andalucía, AVRA (antigua EPSA), controlada por Izquierda Unida despidió ayer a la trabajadora social más antigua de este organismo, María Paz Caballero. La razón real, tras la fachada de una reestructuración laboral, parece haber sido que se negó a firmar un informe avalando la emergencia social para el realojo urgente de los okupas de La Corrala Utopía cuando fueron desalojados del edificio de Ibercaja en la rotonda de San Lázaro.
La afectada, Mari Paz Caballero, confirmó a ABC su despido, aunque no quiso hacer valoraciones sobre su trabajo con respecto a La Corrala Utopía porque "eso forma parte de mi secreto profesional y no puedo desvelarlo". Lo que está confirmado es que la Consejería de Fomento, que rige la polémica comunista Elena Cortés, le encargó un informe de evaluación de los okupas y que ésta se negó por considerar que no cumplían los requisitos.
Tras la negativa de la trabajadora, dos graduadas sociales tuvieron que firmar un informe favorable bajo la supervisión de la que fue directora de la oficina de EPSA en el Polígono Sur de Sevilla.
Caballero fue despedida pero sus compañeros de Sevilla, incluidos arquitectos, peritos y personal administrativo, han firmado un comunicado denunciando presiones del subdirector de la empresa, Rafael Ibáñez, a los trabajadores. Mari Paz Caballero era interina desde hace seis años y medio, cuando se presentó a un examen de acceso y quedó segunda. Entró en la bolsa de trabajo e inmediatamente pasó a sustituir a una trabajadora que se había desplazado a otra provincia.
Con el tiempo, se ha convertido en una de las más veteranas haciendo evaluaciones de emergencia social a familias en riesgo de exclusión para el acceso a viviendas del parque público. "Yo soy la trabajadora social más antigua y las demás han protestado por la situación porque el trabajo que hacemos tiene una complejidad grandísima y se necesita gente con experiencia".
El despido se ha encubierto con la excusa de una reorganización laboral, pero la afectada explicó que los informes sobre los okupas "se encargaron a todos los trabajadores sociales y se hicieron todos los informes que se tuvieron que hacer" y añade que "la legislación en el tema de la vivienda es la que es, está clarísima". Además, Caballero denunció a las claras que IU, "que se supone que va a defender los derechos de los trabajadores, amenaza a compañeros con trasladarlos a Almería, a Jaén…".
Curiosamente, se han producido nuevas contrataciones, en concreto, a dos personas de IU, pero la Consejería dice que "han finalizado los contratos de tres trabajadoras de AVRA, dos administrativas y una trabajadora social, contratos ligados temporalmente al periodo de sustitución de otros tres trabajadores con derecho de reserva de sus puestos originales, a los cuales se han reincorporado".
Según su versión, "dichas finalizaciones de contrato se producen en el marco del proceso de reordenación de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, un proceso que refuerza su función social e introduce criterios de eficiencia en la gestión del personal".
El abogado laboralista Ibáñez Reche -uno de los más antiguos de Comisiones Obreras en ejercicio hasta 2007-, es quien ha sido señalado como autor de presiones a los trabajadores que no aceptan las arbitrariedades del gobierno. Rafael Ibáñez Reche fue despedido de CCOO en 2007 porque, siendo militante de Izquierda Unida (llegó a ser diputado por esa formación en el Parlamento andaluz en la II legislatura) tenía un comportamiento que no le parecía el adecuado a la dirección de CCOO Andalucía.
De hecho, se relacionó con su despido, llevado con el máximo sigilo, la lucha interna emergida dentro del sindicato a las puertas del un congreso regional y la significación de Ibánez Reche como militante de corrientes no afines al actual secretario general, Francisco Carbonero. Entonces, pasó casi desapercibido que Ibáñez Reche era el marido de la actual Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.
Ibáñez Reche reconoció a LD el hecho del despido pero dejó entrever que había matices. Entre estos matices, se encontraba el que él mismo estaba reflexionando poner fin a su trabajo en Comisiones Obreras de Andalucía. Lo sorprendente era que conociendo este dato, la dirección sindical le abriera un expediente y haya procedido al despido.
En 2012 fue nombrado subdirector general de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, una empresa que preside Elena Cortés y donde ocupan sillón de consejo importantes personas de Izquierda Unida como Amanda Meyer.