A la misma hora que el consejero de Interior de la Generalidad de Cataluña, Ramon Espadaler, echaba la culpa al PP del apedreamiento del coche de Cristóbal Montoro y Alicia Sánchez Camacho, volvía a fallar estrepitosamente el dispositivo de seguridad de los Mossos d'Esquadra en torno a los actos electorales de la formación conservadora. Santiago Fisas, el candidato catalán de la lista de Miguel Arias Cañete, junto a la propia Sánchez Camacho, y Alberto Fernández Díaz, fueron testigos de cómo vigilantes de seguridad de una empresa privada tenían que hacer las funciones de los agentes autonómicos ante la ausencia de miembros del cuerpo policial. Ellos tuvieron que impedir el paso a la veintena de personas de la Plataforma Antidesahucios, la PAH, que quería realizar un "escrache" silencioso en el acto electoral del PP.
A diferencia de los manifestantes de Vilanova i la Geltrú que se liaron a pedradas, palos y patadas con la comitiva popular, los manifestantes de este jueves al mediodía eran muchos menos y mucho más pacíficos, por lo que sólo se registró un incidente: la llegada tarde y cuando el evento electoral ya había comenzado de dos furgonetas de los antidisturbios de la policía autonómica haciendo sonar las sirenas a máxima potencia. El ruido y el inopinado, tardío y aparatoso despliegue provocó instantes de alarma, inquietud y desconcierto entre los ciudadanos que transitaban por la zona y entre los asistentes al acto, de pequeño formato, en el recinto modernista del Hospital de San Pablo, en Barcelona.
Por otra parte, las excusas del consejero Espadaler han causado estupor en el PP catalán. El dirigente de Unió pasa por ser uno de los personajes más dialogantes y menos crispados del Gobierno catalán y salvo episodios puntuales, la colaboración entre la consejería y el Ministerio de Interior ha sido "razonable", aún con las tradicionales controversias entre cuerpos policiales. Y en el plano político, el PP mantiene una posición de suma prudencia respecto a los incidentes en los que se ven involucrados los agentes autonómicos, con varios sumarios judiciales abiertos por los fallecimientos de al menos cuatro detenidos en los últimos meses.
Fuentes populares atribuyen al director general de la policía catalana, Manel Prat, designado por Convergència cuando Felip Puig dirigía la consejería, el argumentario empleado por Espadaler. Poco después de registrase el apedreamiento, Prat mantuvo varias conversaciones telefónicas con miembros del PP en las que relativizó el suceso.