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Funcionarios de la Junta declaran sobre los cursos de formación fraudulentos

En los interrogatorios, además del proceso de tramitación de las ayudas, ha salido a relucir el caso del exconsejero Ángel Ojeda Avilés.

Son ya casi veinte los empleados públicos y funcionarios de la Junta de Andalucía que han prestado declaración en calidad de testigos en el Cuartel de la Guardia Civil para aclarar la tramitación de las ayudas públicas para cursos de formación desde el año 2003 al año 2011, por ahora.

El Mundo afirma que el pasado miércoles estuvieron declarando trabajadores de la Junta hasta bien entrada la madrugada y que este jueves seguían compareciendo funcionarios, personal laboral e interinos, siempre en calidad de testigos y ante los agentes del Grupo de Delitos Económicos.

En los interrogatorios, además del proceso de tramitación de las ayudas, ha salido a relucir el caso del exconsejero Ángel Ojeda Avilés y su estructura empresarial y asociativa y las razones del por qué la Junta exoneraba de la obligación de justificar las ayudas en determinados casos, como empresarios, sindicatos y algunos otros.

Los declarantes han sido todos ellos subordinados de los cargos políticos y aún no sido llamado a declarar ni el director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, ni ningún jefe de servicio.

Al parecer, la Guardia Civil se ha llevado prácticamente "todo" el archivo de subvenciones de cursos de formación y que lo que ha quedado en el departamento son en su mayoría expedientes abiertos. Entre ellos, están los expedientes de cursos de formación a los sindicatos, a la patronal, a consorcios, fundaciones públicas y privadas y a empresas privadas como el grupo Prescal, del ex consejero Ángel Ojeda Avilés, miembro del último gobierno del presidente José Rodríguez de la Borbolla.

Lo que comenzó como un caso particular dentro del caso ERE por los pagos millonarios de UGT a la empresa Planificación, Cooperación y Desarrollo SL -PCD-, relacionada con el conseguidor Juan Lanzas, como subcontratista de cursos de formación, lleva camino de convertirse en otro macrocaso puesto que la juez Alaya se ha hecho cargo de la investigación del agujero detectado por la Cámara de Cuentas de casi 50 millones de euros de subvenciones de formación sin justificar por parte de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo -Faffe-.

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