El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho este viernes sobre la situación del etarra José Ignacio de Juana Chaos que no tiene "ninguna prueba fidedigna" de dónde está pese a la difusión esta semana de imágenes en las que se encontraba paseando en un centro comercial de Venezuela junto a su pareja, Irati Aranzábal, y el hijo de ambos.
"Hemos operado mecanismos para reclamar a esta persona el cumplimiento de sus obligaciones penales en España y seguiremos actuando en la misma dirección", ha declarado.
A preguntas de los periodistas en Ceuta, el fiscal general ha reiterado que es "consciente" del "dolor que produce a las víctimas" la salida de presos tras la derogación de la doctrina Parot, pero ha insistido en que "el Ministerio Fiscal está para respetar los pactos y convenios firmados por España, en este caso el de Roma de 1950 y sus protocolos; las decisiones del Tribunal de Estrasburgo; y la legalidad, que hay que interpretarla desde las realidades sociales pero en el campo del Derecho Penal el principio de legalidad debe brillar y ser respetuoso con respecto a sus consecuencias".
"Las decisiones de la Fiscalía, que intentó explorar interpretaciones dentro de la legalidad que permitieran no ampliar excesivamente las posibilidades que parecían derivarse de la sentencia de Estrasburgo, fueron muy meditadas y una vez que la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional han delimitado el campo", ha concluido, "nosotros tenemos que ser especialmente respetuosos".
En cuanto al proceso judicial por la actividad laboral de Iñaki Urdangarín, Torres-Dulce ha prometido que el Ministerio Público será "imparcial" de acuerdo con los principios de "legalidad" con la decisión que adopte el juez que instruye el caso Nóos, José Castro, en relación con la posible imputación de la infanta Cristina como presunta cooperadora en los delitos supuestamente cometidos por su marido.