La Audiencia de Barcelona ha condenado a Félix Millet y Jordi Montull a un año de prisión y al pago de una multa de 3,6 millones y 900.000 euros, respectivamente, por tráfico de influencias y prevaricación en el expediente conocido como "caso del hotel del Palau". Como se recordará, el "caso Palau" consta de dos partes, la relativa a la tramitación urbanística de un frustrado hotel en las inmediaciones del recinto musical y la que afecta a la financiación de Convergència. Si de la primera se ha comunicado esta mañana la sentencia, la segunda está a la espera de que se determine la fecha de apertura del juicio oral, lo que según los abogados de Millet y Montull se producirá a lo largo del próximo año. Los plazos judiciales no sólo benefician a Millet y Montull, sino que encajan con el calendario político de Artur Mas.
Con la sede embargada por las responsabilidades económicas que se puedan derivar del verdadero "Caso Palau", en la que está imputado, entre otros, el exgerente del partido, Daniel Osácar, Mas y Convergencia no verán contaminado el "proceso" separatista por un proceso judicial del que se pueden derivar graves consecuencias para la formación nacionalista y sus principales dirigentes.
En síntesis, Convergencia recibía comisiones de Ferrovial a través de la Fundación del "Palau de la Música" como pago por concesiones de obras tales como la misma "Ciudad de la Justicia", donde están emplazados los propios juzgados de la Audiencia. Y en paralelo, Millet y Montull se quedaban con un porcentaje de ese dinero. El propio Millet, por consejo de sus abogados, reconoció los hechos y cifró el desfalco en 3,3 millones de euros. Sin embargo, el agujero es de decenas de millones de euros.
Y si la sentencia por la tramitación urbanística del hotel les ha salido casi gratis a los condenados, aún mejor ha resultado para la cúpula de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona cuando se produjeron los hechos, a mediados de la pasada década. Ramón García Bragado, concejal de urbanismo y posteriormente director general del departamento de Presidencia de la Generalidad en el segundo tripartito; Ramon Massaguer, exgerente del área de urbanismo municipal; Enric Lambiés, exdirector jurídico del Ayuntamiento y el arquitecto Carles Díez, del despacho Tusquets, han sido absueltos por la Audiencia en sentencia firmada por los magistrados Magdalena Jiménez, Enrique Rovira y José Luis Ramírez. El fallo se basa en que desconocían los propósitos fraudulentos de Millet y Montull y pese a ser cooperadores necesarios resultaron cómplices involuntarios.
En comparación con el saqueo del Palau y las comisiones para el partido de Mas y los Pujol el asunto del hotel resulta menor, aunque concurren elementos no precisamente administrativos y de guante blanco. La exconcejal socialista Iztiar González, sustituta de García Bragado, presentó su dimisión en señal de alarma por la corrupcíón instalada en el área de urbanismo y ante el caso omiso que en el propio consistorio se hacían de sus denuncias. En aquellos momentos, la regidora fue sometida a seguimientos intimidatorios y todo tipo de amenazas. Y en los días previos y posteriores a su declaración en el juzgado como testigo de cargo se repitió esa situación.
La sentencia no implica el ingreso en prisión de Millet y Montull, para quien la Fiscalía solicitaba más de cinco años por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, falsedad en documento público y prevaricación, delitos que se hacían extensivos al resto de los acusados que finalmente han sido absueltos.