El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este viernes con el apoyo de diez de los veinte vocales, más el voto del presidente Carlos Lesmes, el informe que avala en términos generales el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada.
Se trata del documento que redactó la vocal Carmen Llombart (presidenta de la Audiencia de Valencia, elegida a propuesta del PP), que ha obtenido en el Pleno diez votos a favor del denominado sector conservador, ocho en contra de los vocales progresistas y tres abstenciones.
Según fuentes del CGPJ, además de Lesmes, los vocales que han votado a favor del informe son Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Todos ellos vocales elegidos a propuesta del Partido Popular.
En contra del texto han votado los vocales del denominado sector progresista Roser Bach, Mar Cabrejas, Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda que han anunciado votos particulares.
Se abstuvieron los vocales Fernando Grande Marlaska, Mercé Pigem (CIU) y Enrique Lucas (PNV) que emitirán también sendos votos discrepantes para explicar sus posturas, según las mismas fuentes.
El otro informe que se ha votado en pleno este viernes y que ha resultado perdedor ha sido el de la vocal Pilar Sepúlveda que solicitaba, en términos muy duros, la retirada del anteproyecto de ley impulsado por el ministro Alberto Ruiz Gallardón por considerar que el texto contiene rasgos de inconstitucionalidad.
Al término de la sesión plenaria, Sepúlveda ha emitido una nota en la que reitera su análisis y califica la reforma auspiciada por el Ministerio de Justicia de "imposición de un modelo moral a costa de los derechos ajenos" en el que la libertad de la mujer embarazada.
Se trata de la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces consigue emitir un dictamen jurídico sobre la regulación del aborto en España. No logró hacerlo con el anteproyecto de ley elaborado en 1994 y que finalmente no vio la luz ni tampoco con la ley de plazos aprobada por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, actualmente en vigor.
Este logro se debe en gran medida a a última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modificó el funcionamiento del Consejo y que permite que se dé luz verde a un informe con los votos de una mayoría simple de vocales en vez de exigir una mayoría cualificada.
Por su parte, el informe preceptivo aprobado este viernes por el bloque conservador del CGPJ recomienda cambios al Gobierno en materia de interrupción del embarazo como despenalizar el aborto eugenésico y desligarlo del daño psicológico a la madre a la par que critica otros aspectos del texto legal como el hecho de que el riesgo para la vida o la salud de la gestante deba constatarse en dos informes médicos elaborados por un sanitario distinto al que practique el aborto.
En su texto, el Consejo aboga además porque la norma garantice que los centros públicos y privados autorizados para la práctica de abortos "dispongan de personal que no ejerza su derecho a la objeción de conciencia".