La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha señalado este lunes en su informe sobre el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que "por circunstancias sobrevenidas resulta necesario regular" el estatuto jurídico del rey Juan Carlos I de Borbón y la reina Sofía, tras la abdicación del monarca, "atribuyendo a ambos la prerrogativa del aforamiento" ante el Tribunal Supremo, la más alta instancia jurisdiccional de nuestro país.
Además, la comisión, integrada por el presidente Carlos Lesmes y los vocales Mercé Pigem, Álvaro Cuesta, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández y María del Mar Cabrejas, explica que la propuesta legal del reconocimiento de la prerrogativa del aforamiento a la reina consorte o al consorte de la reina, al Príncipe heredero y su consorte "merece una valoración positiva, al tratarse de personas consideradas de la máxima relevancia del Estado".
Por otra parte, los jueces recomiendan en su informe que se revise la redacción del precepto judicial que va a regular este fuero y la utilización de un lenguaje igualitario, incluyendo en consecuencia, de modo expreso, "una referencia a la princesa heredera", por la infanta Leonor, inminente heredera de la Corona.
El informe del CGPJ señala, en cualquier caso, que "el aforamiento no es una condición inherente al enjuiciamiento de determinados cargos públicos, mucho menos cuando tiene lugar por delitos ajenos a la función que desempeña".
Suprimir la extensión de los fueros
El Poder judicial también considera que el aforamiento procesal en nuestro ordenamiento jurídico "causa varios problemas en el procedimiento y conduce en ocasiones a situaciones de difícil comprensión"y que "puede significar una afectación del principio de igualdad procesal, al extenderse más allá de los casos previstos en la Constitución y vinculados al principio de inmunidad, persistiendo incluso tras el cese en el cargo, cuando el beneficio deja de tener justificación objetiva para convertirse en un privilegio personal".
Por todo ello, se plantea "la necesidad de su limitación ad personam" y se propone "enfatizar el carácter funcional de esta prerrogativa, de manera que deberá vincularse, en todo caso, a los hechos cometidos en el ejercicio de la profesión o el cargo y al actual desempeño o ejercicio del mismo, cesando cuando cese aquel".
El Consejo recomienda al Gobierno que suprima de su anteproyecto de ley "la extensión temporal que establece, manteniendo el privilegio del fuero tras hacer desparecido la condición o cesado en el cargo". El informe del CGPJ es preceptivo pero no vinculante.