Tal día como hoy, 24 de junio, pero de 2013, Libertad Digital contaba en su portada el "plan de choque" del Grupo Municipal IU-Los Verdes en el Ayuntamiento de Madrid que fue desvelado por su portavoz, Ángel Pérez. El objetivo era que al menos un colegio de cada uno de los distritos más afectados por la pobreza infantil permaneciera abierto los meses de julio y agosto para dar de comer a los niños de familias que no tienen medios.
"Si en el siglo XXI en España, con un gobierno elegido democráticamente, hay niños que no pueden comer, ese es un límite a la democracia y yo digo, y lo digo en nombre del grupo de Izquierda Unida y lo digo solemnemente, que si eso se produce, cualquier cosa que se haga para conseguir que los niños coman es lícita, incluida la violencia si fuera necesaria. Si hay que asaltar supermercados habrá que organizarlo para asaltarlos bien asaltados, no de cualquier forma", añadió el portavoz de IU en el Ayuntamiento madrileño. Y amenazó diciendo que la iniciativa la iban a llevar a sucesivos plenos y "donde haga falta, incluidos los tribunales, las calles, todos los ámbitos".
La moda de asaltar supermercados, supuestamente para llevar alimentos de primera necesidad a los más necesitados, surgió dos años antes cuando cerca de medio centenar de personas pertenecientes al movimiento 15-M asaltaron el centro comercial Carrefour Zaraiche de Murcia para "darle voz a una situación que cada vez se extiende más entre nuestras vidas y nuestros barrios: la del hambre, la miseria y la exclusión".
La intención de los participantes era la negociación para la salida de una determinada cantidad de productos con los responsables del hipermercado. Sin embargo, la negativa de los responsables fue acompañada con la aparición de la Policía que, según responsables del movimiento, amenazaron "con hacer uso de la fuerza si no abandonábamos el lugar inmediatamente".
Más tarde tomó el relevo el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Capitaneado por su líder y por el secretario general robaron en un par de supermercados para "llevar comida al pueblo". El secretario general del SAT, Diego Cañamero, estuvo presente en la acción de Arcos de la Frontera, donde entraron en el supermercado para coger alimentos básicos hasta llenar 20 carros, con la idea de entregarlos en un banco de alimentos de la zona de la sierra de Cádiz, aunque se vieron atrapados en las cajas, donde efectivos y cuerpos de seguridad les cortaron el paso.
En Écija, el líder del SAT, Juan Manuel Sánchez Gordillo, resaltó que en su caso "sí hemos podido sacar los carros" por lo que se dirigían a una sede del banco de alimentos para entregar los artículos "expropiados". Según el también alcalde de Marinaleda: "El pueblo no puede pagar los platos rotos, cuando hay personas que no tienen para comer, por lo que hemos decidido ‘expropiar’ alimentos básicos y entregarlos a un banco de alimentos, que están teniendo problemas para poder atender a todo el mundo, al ver aumentada la demanda".
Los asaltos de Sánchez Gordillo crearon escuela y el 11 de agosto de 2012 una veintena de jóvenes forzaron de madrugada la puerta de un supermercado en la Barriada de Torreblanca, en Sevilla, y robaron varios productos justificándose en los asaltos perpetrados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores.
El desafío del líder del SAT y diputado provincial por IU fue más allá e impuso condiciones al Gobierno para dejar de saquear supermercados: "Si el Gobierno no quiere que demos más la lata, firmo mañana un pacto con el de Madrid y Andalucía". A continuación explicó los detalles del acuerdo: "Si cuando un producto cinco días antes de que vaya a caducar se lo da a Cáritas o Cruz Roja, mañana ya no iríamos al súper. Que lo recoja por decreto. El que lo compra no coge el que le quedan cuatro días para que se agote". Aún así, el comunista no se mostraba muy confiado: "Seguiremos si no hacen nada para remediarlo con nuestras peticiones porque hemos tocado la tecla que molesta".
Ante esta avalancha de saqueos, un grupo de ciudadanos intentó "blindar" un Mercadona de Vallecas que iba a ser asaltado por un grupo de simpatizantes del SAT, otros grupos de izquierdas y anticapitalistas. Ese grupo de ciudadanos encabezados por la plataforma Justicia y Libertad se definieron como un "grupo muy heterogéneo de ciudadanos, hartos de los asaltos que se han producido" y en el que tenían cabida "desde conservadores, liberales hasta gente de centro izquierda e izquierda moderada".
El propósito de la plataforma era "evitar el asalto al establecimiento" y "proteger a los trabajadores del mismo". Sobre la actuación de Sánchez Gordillo, el portavoz de Justicia y Libertad, Rodrigo Fernández, dijo que "lo que está haciendo él no es justicia social, lo que está haciendo es robar a un empresario que su único delito es dar puestos de trabajo y crear riqueza en España".