El largo auto del juez Castro que pone fin a la instrucción del caso Nóos incluye entre las presuntas actividades delictivas de Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres la firma de un convenio con Madrid 2016, el ente encargado de organizar la candidatura de la capital de España como sede de los Juegos Olímpicos.
Castro relata cómo en 2007 la fundación dependiente del Ayuntamiento de Madrid firmó un "Convenio Marco de Colaboración" con la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social y, de forma demoledora, enumera los pagos desde el ayuntamiento al organismo sin que éste realizara a cambio trabajo alguno. El juez desmonta, tirando de ironía, la naturaleza de dicho convenio, tachándolo de "insólito" por ser "único en su género". Destaca también la "vaguedad" del acuerdo, que hacía "imposible asociar a su realización contraprestación económica alguna". Pone ejemplos literales:
"Las partes concretarán los términos de su colaboración para cada una de las actividades que decidan emprender conjuntamente, en ejecución del presente convenio marco, mediante la conclusión del correspondiente Convenio específico de colaboración que, una vez suscrito por ambas partes, se incorporará al presente documento mediante Anexo que pasará a formar parte integrante del mismo".
Tras detallar 18 pagos de distinta cuantía, Castro subraya que no existen documentos que recojan "a qué servicios pudo haberse comprometido" la fundación de Torres y Urdangarín. Y subraya que el único similar fue firmado por Mercedes Coghen un año después de que dejara de ser consejera delegada de Madrid 16 y "transcurridos dos años desde la pérdida de vigencia" del convenio.
El juez concluye que fue Coghen "quien decidió el pago de las referidas sumas" y en base a esto, mantiene su imputación por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias. No hay ni rastro de más responsabilidades políticas por el goteo de pagos al entramado de Urdangarín y Torres. Otros dos imputados, el ex director general de Madrid 2016 y el ex director financiero, han visto sobreseída la causa. Y el entonces alcalde y principal impulsor del proyecto olímpico, Alberto Ruiz Gallardón, no aparece.
Durante la instrucción, el nombre del ministro sí apareció cuando Diego Torres y Manos Limpias solicitaron su citación como testigo para que explicase cómo se negoció el polémico convenio. En febrero, el juez Castro decidió desestimar la petición, y dos meses más tarde, fue la Audiencia de Baleares la que rechazó que Gallardón acudiese a declarar.
La defensa de Torres tiró de sus famosos correos para justificar la pertinencia de que Gallardón acudiese al juzgado. Aludieron a la "estrecha" relación entre Gallardón y el duque de Palma que "venía de tiempo atrás" y que, según el exsocio de Urdangarín, "culminó" con el acuerdo del Ayuntamiento. Los correos aportados aludían a un acto de Urdangarín presidido por Gallardón y a la petición de éste de su colaboración "activa" en la candidatura de Madrid 2016 en cuya promoción estaba inmerso el entonces alcalde. Pero ni el juez, ni después la Audiencia de Palma, dieron ocasión al ministro de explicarse en el juzgado.
Irregularidades en Hacienda
Del auto de Castro, además de los pagos efectuados desde el Ayuntamiento de Madrid, destaca el comportamiento de Hacienda. La Agencia Tributaria aparece en el escrito del Juez como uno de los actores principales en la trama de Nóos y Aizóon. Así, Castro da relevancia a que Hacienda diera por buenas tres facturas que al mismo tiempo reconoce como falsas. Aquella decisión del fisco permitía a la infanta librarse del delito fiscal.
El mismo escrito trasluce la desconfianza del juez ante la actuación de la Agencia Tributaria y más concretamente de la Delegación de Cataluña que se refirió a aquellas facturas falsas como "parcialmente simuladas pero al mismo tiempo deducibles". Tal desconfianza queda patente cuando el propio Castro destaca cómo la Agencia Tributaria exoneró a Ana María Tejeiro (esposa de Diego Torres, socio de Urdangarin) "a partir de un determinado momento", pese a haber considerado que era "pieza clave en el entramado". Curiosamente, aquel fue el "determinado momento" en que la investigación comenzó a señalar a Cristina de Borbón.