El IX congreso regional de UGT Andalucía de septiembre de 2009, que reeligió a Manuel Pastrana, está completamente bajo sospecha. Por una parte, porque sus gastos fueron concertados con los empresarios ahora detenidos en el marco de la Operación Cirene II. Por otra, porque muchas facturas fueron falseadas para poder ser incluidas en las subvenciones públicas. Por último, porque la "alegría" de la circulación de dinero en manos de los partidarios de Pastrana pudieron influir en sus resultados no respetándose las más mínimas exigencias democráticas.
Según las cuentas de UGT, el congreso costó 563.019,14 euros pero la Junta de Andalucía fue la que pago el 85 por ciento, unos 475.000 euros. Además, algunos de sus proveedores inflaron los recibos o falsearon facturas según las instrucciones de UGT.
Libertad Digital demostró documentalmente que la empresa los Diseño/producciones del Sur(D&P) simuló que los 142.549,32 que costó el diseño del IX congreso de UGT-A habían sido para 50.000 memorias USB de un gigabyte de capacidad como publicidad del Plan Forman XXI y por ello tal importe fue incluido en las subvenciones de los cursos de formación para parados.
El Mundo relaciona hoy a otras empresas que participaron en este inaudito Congreso. Por ejemplo: Publicar D&M, de las hermanas Mónica y Diana Corredero (que han reconocido ante el juez que modificaron el concepto de las facturas), ingresó 100.776,14 euros por los famosos 700 maletines de Salvador Bachiller que el sindicato ordenó falsificar en Asia y los 1.000 bolígrafos de Francis Montesinos que se regalaron a los asistentes al congreso, en buena parte pagados con una ayuda autonómica destinada a la defensa legal gratuita de las mujeres discriminadas en su puesto de trabajo por razón de sexo.
La agencia Viajes Macarena, a la que pertenece el detenido el martes Moisés Morillo, facturó 67.898,42 euros por el hospedaje de los delegados 'ugetistas' que reeligieron a Pastrana. En concreto, 57.256,80 euros se justificaron con habitaciones en el Hotel Sevilla Congresos, 7.616,20 del San Pablo y 3.025,43 del Vértice, las tres instalaciones hoteleras más cercanas al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), cuyo alquiler entre el 10 y el 12 de septiembre de 2009 por la celebración del IX Congreso también costeó el contribuyente andaluz: 88.123,03 euros.
Lienzo Gráfico, la imprenta sevillana en la que fue detenido Diego de la Mata y de la que la Guardia Civil extrajo documentación contable, ingresó 28.172,80 euros con ocasión del IX Congreso. Según los investigadores, desde su sede en el polígono Hytasa de Sevilla editaba para UGT todo tipo de material. También confeccionaba, presuntamente, facturas falsas para justificar subvenciones, como evidencian los correos electrónicos reproducidos por EL MUNDO que se intercambiaban los trabajadores de la empresa y los del sindicato. Por esta vía, Lienzo llegó a acumular un 'bote' a favor de UGT de 124.000 euros, facilitando que el sindicato rebañara las subvenciones públicas.
Igualmente, la antigua Imprenta Rápida Pineda, cuyo dueño, José Pineda, también fue detenido y ha sido puesto en libertad con cargos (imputado por fraude y falsedad), recibió 18.615,68 por trabajos para el congreso. En una hoja de cálculo de la contabilidad interna de UGT se detalla que este 'bote' se hacía con cargo a los restos de la subvención del programa Forman XXI.
A Siosa, la empresa madrileña especializada la instalación de redes informáticas en la que hubo cinco detenidos (entre ellos, la presidenta y consejera delegada de la sociedad, Carmen Castilla, fue la primera en quedar en libertad y ni siquiera fue trasladada a Sevilla), UGT le compró también para el IX Congreso Regional material informático por valor de 7.554,10 euros.
Y Chavsa, la firma sevillana dedicada a la venta de mobiliario de oficina que amuebló múltiples aulas formativas del sindicato donde se impartían los cursos de formación subvencionados, facturó 591,60 euros por unas sillas.
Tanto Siosa como Chavsa (cuyo dueño, Simón Chávarri, quedó en libertad con cargos tras declarar ante el juez) habrían llegado a acumular los mayores 'botes' por facturas infladas o falsas con el sindicato.