UGT-A montó un sistema contable contando con las numerosas irregularidades diseñadas para financiarse ilegalmente. De hecho, se trataba de cargar la mayoría de sus gastos corrientes sindicales, de personal y de organización de congresos, incluso huelgas y manifestaciones, a subvenciones finalistas para la formación de parados y ocupados del Gobierno andaluz.
Además, y al mismo tiempo, organizó un sistema de mordidas, piadosamente llamado rápels, a un conjunto de proveedores de confianza elaborando facturas falsas y haciendo circular los botes obtenidos en dinero negro, como ya demostró Libertad Digital.
La Razón destaca que el sumario dice textualmente que "la mayoría de los gastos estructurales de la organización regional, esto es UGT-Andalucía, eran imputados a programas subvencionables". Llega a esta conclusión en un atestado fechado el pasado 17 de junio, después de que se pusiera en marcha la segunda fase de la "operación Cirene" que se saldó con la detención de 16 personas, entre ellas diez empresarios y los que fueran miembros de la ejecutiva regional Federico Fresneda y María Charpín.
Añade que un ex empleado del sindicato, José Miguel Galdeano, que trabajó en contabilidad y justificación,declaró a la Guardia Civil cómo UGT cargaba todos sus gastos a subvenciones finalistas. "La mayoría de los gastos estructurales de la organización regional, siguiendo instrucciones de Federico Fresneda –ex secretario de Administración– y María Charpín –ex secretaria de Gestión Económica–, eran imputados a programas subvencionables". Textualmente.
El esquema era el siguiente: "El 40 por ciento de los gastos de mantenimiento de la estructura (agua, luz, etc.) y el 40 por ciento de los gastos de personal se cargan a programas de formación ocupacional". "Otro 40 por ciento de gastos de estructura y otro 40 por ciento de gastos de personal se cargan a programas de formación continua". "El 20 por ciento restante de gastos de estructura se carga a otros programas". "Dichos porcentajes eran siempre fijados por Federico Fresneda" Fresneda era el ex tesorero y ex secretario de Administración sostenido en el cargo durante los 15 años de Manuel Pastrana que se perfila como el principal responsable de las irregularidades detectadas.
Hay que tener en cuenta, como ya demostró Libertad Digital hace años, que las cuotas de los afiliados de UGT-A, no cubrían los gastos sindicales de UGT. es más, una auditoría interna, afirmas que sólo cubría un 10 por ciento de los gastos operativos del sindicato. Por ello, cuando la crisis y al déficit obligaron a la Junta a reducir subvenciones, UGT-A se vio obligada al despido de casi 200 trabajadores mediante dos ERE. Fueron estos despidos los que abrieron la Caja de Pandora de las irregularidades ugetistas andaluzas por la crueldad desatada contra sus propios empleados, según ha sabido Libertad Digital. Recuérdese que pese a haberse manifestado en las calles contra la reforma laboral del PP, aplicó a sus trabajadores esa misma reforma.
O sea, que los gastos de funcionamiento eran cargados totalmente a las subvenciones a la formación de la Junta mermando con ello el caudal de oportunidades de los trabajadores necesitados de obtener empleo. Y además, sobre los botes, dice la Guardia Civil que "para justificar determinados gastos imputables a subvenciones éstos emitían facturas al sindicato por servicios o mercancías que no se habían realizado o servido realmente". Asimismo, los proveedores que querían contratar con UGT-A "debían aceptar realizar unos descuentos que oscilaban entre el 3 y el 15%". Lo pagaban vía transferencia o talón bancario.