Convergència Democràtica se prepara para el peor de los escenarios posibles. Precisamente en el día en el que un expresidente autonómico, el de Baleares, Jaume Matas, ingresaba en la prisión de Segovia para cumplir una pena de nueve meses por tráfico de influencias, el partido que fundara Jordi Pujol le exige que se desvincule por completo de la formación y que renuncie al largo listado de regalías asociadas a su condición de expresidente de la Generalidad y que incluyen pensión, coche oficial, guardaespaldas, oficina con personal asociado y una pensión de viudedad para Marta Ferrusola, la matriarca del clan.
Primero la "confesión" y ahora la reacción de Convergència forman parte de una doble estrategia jurídica: los Pujol pretenden minimizar los efectos y consecuencias de las pesquisas del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre el fabuloso patrimonio acumulado en las tres últimas décadas y que según María Victoria Álvarez, la exnovia del primogénito de los Pujol-Ferrusola, más que fruto de una herencia de don Florenci, el padre del autoerigido en padre de Cataluña, sería el resultado de tres décadas de comisiones.
Las dimensiones de la fortuna oscilan entre los sesenta millones de euros de las versiones más edulcoradas a las cifras de tres ceros que se infieren de las comisiones rogatorias del juez Ruz en todos los paraísos fiscales conocidos y del volumen de obra pública, adjudicaciones y contratos de las más de dos décadas en las que Pujol ejerció el poder de forma directa, incuestionable y "mesiánica", según ha declarado el consejero de Fomento de la Generalidad, Santi Vila, uno de los aspirantes a suceder a Artur Mas. El portavoz del gobierno autonómico y mano derecha de Artur Mas anunciaba por la tarde que en las próximas horas Pujol emitirá otro comunicado o explicará en persona que renuncia a su condición de presidente de honor del partido y a algunas de las prebendas de los expresidentes de la Generalidad. Y si Pujol pretende anticiparse, como el futbolista Messi, ante la perspectiva de un sombrío panorama judicial, con la figura de Matas entrando en la cárcel, en CDC la urgencia es que el boquete no funda el partido más rápido que el hundimiento de la UCD. En ERC exigen a Pujol que renuncie a todos sus cargos vitalicios, honoríficos y excelentemente remunerados, en cientos de miles de euros a cargo de la Generalidad y en última y primera instancia del Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA. Al tiempo, impiden la formación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el "caso Pujol" o del "saqueo de Cataluña".
Es el coste para ERC de la salvaguarda del proceso separatista, sobre el que se ha levantado en pocas horas una muralla que pretende desvincular la estafa política de la "democracia" en Cataluña, que dura desde hace ya tres décadas y media, de la consulta promovida por Junqueras, Mas y la Assemblea Nacional Catalana (ANC).
La conmoción causada por la caída del dios vivo de la "patria" catalana, el padre de la "nación" y ahora serio aspirante a sentarse ante un banquillo por el rosario de delitos que se puedan derivar de su conducta fiscal empieza a tener consecuencias sobre el proceso. La primera, el encastillamiento. La desolación no está exenta de una cierta crueldad. La confesión ha hecho imposible, por el momento, atribuir a Madrid, España o la "caverna" un nuevo ataque a Cataluña. De ahí que Mas y el separatismo pretendan digerir el asunto como un tema "privado y familiar" de los Pujol, como si el partido nada tuviera que ver con los negocios, las ITV (el escándalo que ha obligado a dimitir a Oriol Pujol, el "hereu" en política), la financiación a través del Palau de Millet y el tres por ciento del que hablara Pasqual Maragall en sede parlamentaria, la comisión mínima que había de pagar quien pretendiera hacer negocios con la Generalidad.
Mas no ha cambiado de registro ni ante la inminencia de más noticias escandalosas sobre las actividades económicas y conductas privadas de un Pujol que presumía de una moral pública intachable. El presidente de la Generalidad mantiene el discurso extremista del proceso y el referéndum. La prueba es que el mismo lunes del tsunami en el oasis el Consell Assesor per a la Transició Nacional (CATN) presentaba el informe correspondiente al coste que tendría para los catalanes la independencia y de cuya lectura sólo cabe concluir que el bloque separatista mantiene el rumbo de colisión en las horas previas a la reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y Artur Mas, el presidente de un partido y de una institución seriamente dañadas por una corrupción de la que sólo asoma, por el momento, la punta del iceberg.
En CDC se habla abiertamente de "refundación del partido" mientras los "intelectuales" y propagandistas del proceso se juramentan para una suave revisión crítica del pujolismo.