El diputado andaluz del Partido Popular de Cádiz, Rafael Ruiz Canto, exigió este lunes explicaciones y responsabilidades al Gobierno de la Junta de Andalucía por las irregularidades y el "chiringuito" montado para conceder ayudas al entramado del ex consejero socialista, Ángel Ojeda, para la formación de los ex trabajadores de Delphi.
Solo en 2010 Ojeda y sus empresas y sociedades recibieron un total de 19,2 millones de euros para la formación de los extrabajadores de Delphi. El PP habló de 34 millones en ayudas otorgadas a dedo para la formación en Delphi a las empresas del ex consejero. Según el PP-A, el caso de la formación va a superar, en nivel de fraude y dinero malversado, al caso de los ERE. Por ello, volverá a solicitar una Comisión de Investigación en el Parlamento ante el escándalo avalado ya por el informe de la UDEF.
"Ficción" en el entramado
Este lunes LD publicaba que un informe policial tachaba de "ficción" el entramado de la formación del ex consejero Ojeda. Como ya puso de manifiesto este diario en 2011, el ex consejero de la Junta, Ángel Ojeda Avilés "ha estado detrás de 34 millones empleados en diversos cursos a través de varias fundaciones enlazadas entre sí como una 'telita de araña' dentro de la gran tela de araña de la formación andaluza".
Además, citaba LD a la Fundación Forja XXI, otra la formación de los Delphi, que estaba regida por Juan José Ruiz Márquez, cuñado de Luis Pizarro, ex consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía y hombre fuerte de Manuel Chaves. Ahora, un informe policial pone de relieve que, al menos en el caso de Ojeda, todo era un montaje de ficción.
Un informe policial que hace, entre otras, las siguientes afirmaciones referidas a los 19,2 millones recibidos sólo en 2010 para Delphi:
- Las empresas del exconsejero fueron creadas "ex profeso", se lograron ayudas "sin competencia" y con muy escaso personal sin "experiencia" docente.
- "En el conflicto sobre la recolocación de los trabajadores de Delphi, sin entrar en el derroche de dinero que esto ha producido.
Así lo expresa el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que obra en poder del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz y que reúne todos los datos procedentes de Cuerpo Nacional de Policía, Fiscalía Anticorrupción y Seguridad Social, que forman el llamado Caso Edu.