La UDEF señala que las comisiones "no justificadas" percibidas por Jordi Pujol Ferrusola tienen su origen en un negocio mayormente involucrado "con el área pública de la Administración" que, al menos en el caso de la reforma de la Gran Vía de Hospitalet de Llobregat, por la cifra de 90 millones de euros fue inicialmente concedido por quien entonces era consejero de Política Territorial y Obras Públicas y actual consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig, cuyo hermano Jordi "participa junto a Jordi Pujol Ferrusola en variopintos negocios, que dejaron pingües beneficios a ambos".
Según informa La Razón, ese proyecto urbanístico en Hospitalet comenzó a desarrollarse en el 2002, cuando una Unión Temporal de Empresa formada por Fomento de Construcciones -FCC- y el Grupo Copisa -que facturó en diversas ocupaciones a empresas de Pujol Jr.- consiguió la adjudicacón de ese proyecto, donde se iba a construir la nueva Ciudad Judicial. "Los beneficiados (…) han derivado millonarios caudales al patrimonio personal de Jordi Pujol Ferrusola", reza el informe de la UDEF.
Sobre esta operación, Alejandro Guerrero, con quien Pujol Ferrusola tenía relación desde que le conoció por medio de Jordi Puig, señaló que la labor realizada por el hijo del fundador de CDC "se habría ceñido a dar información sobre un solar ubicado en esa plaza de Hospitalet".
La UDEF sostiene que la conexión directa de esa adjudicación concreta con las plusvalías ilícitas "que se presumen gestadas no es posible, porque no existen documentos que así lo indiquen y que carece de sentido requerir".
Por otro lado, la UDEF desvela algunas de las "peculiaridades" derivadas del cobro de comisiones ilegales, destacando, por ejemplo, lo relativo a la adjudicación del Grupo Copisa de las obras de una urbanización en Ronda, donde las empresas de Jordi Pujol Ferrusola facturaron 1.116.891 euros a Copisa, en tres facturas, por labores de "intermediación".