El Tribunal Supremo ha recibido este martes de la juez Mercedes Alaya la investigación de los ERE que afecta a los aforados en este caso, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que figuran como "preimputados" desde septiembre del 2013.
Fuentes de este tribunal han informado de que el tribunal ha recibido este martes el documento de la juez de Sevilla, que va acompañado de veinte de los ochenta tomos del sumario del caso, aunque no han concretado los nombres de los aforados que se detallan en él.
El objetivo de la juez Alaya es que el Tribunal Supremo decida si se queda con la causa o no y en caso afirmativo remitirle toda la documentación restante que afecta al caso de los ERE y no sólo lo relacionado con los aforados.
La juez llevaba varios meses trabajando en el escrito de inhibición en el Supremo después de que en el caso estuvieran "preimputados" varios aforados, entre ellos el diputado Chaves y el senador Griñán.
La Fiscalía Anticorrupción pidió luego a la juez de los ERE que dividiera la causa en piezas, una por cada ayuda investigada, y que elevara al Supremo dos de ellas: la dirigida contra Chaves y Griñán, y la referida a la Sierra Norte de Sevilla.
Sin embargo, la Audiencia de Sevilla confirmó la decisión de Alaya de no dividir la causa en piezas para que no fuera llegando al Supremo "por goteo". Además de Griñán y Chaves, hay cinco exconsejeros de la Junta que también están aforados: Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.
Según las mismas fuentes, la Sala de Vacaciones del Supremo podría dictar en los próximos días una providencia pidiendo al fiscal que se pronuncie sobre la exposición razonada, aunque no se prevé que se designe instructor de forma inminente.
En el caso de los ERE se investigan 401 ayudas y quedan por practicar importantes pruebas como la declaración de los cuatro auditores de la Intervención General del Estado en cuyo informe se basará la futura imputación a los aforados.
En dicho peritaje, los interventores afirmaron que los consejeros andaluces de Economía entre el 2000 y el 2009 no adoptaron las "medidas necesarias" para evitar las "irregularidades", que los pagos se hicieron de manera indebida y que los fondos "nunca debieron destinarse a subvenciones sociolaborales".
El sumario de los ERE, que con sus 201 imputados ya ha superado al caso Malaya de Marbella en número de acusados, acumula 300.000 folios y analiza 126 expedientes de ayudas de prejubilación (con 582 millones de euros pagados) y 275 subvenciones a empresas (con 127 millones) concedidas entre el 2000 y el 2010, aunque el pasado 15 de julio la juez acordó ampliarlo a las subvenciones del 2011 y del 2012.
La juez ha adelantado en algunos escritos sus indicios contra los aforados pues presuntamente conocieron las advertencias que llegaron al Consejo de Gobierno sobre las irregularidades en los pagos.
Según la juez, el pago a través de las llamadas transferencias de financiación desembocó en la concesión "arbitraria" de ayudas públicas sin cumplir "los principios de objetividad, igualdad y no discriminación", con "ausencia absoluta de trámite administrativo, de fiscalización previa, de bases reguladoras y de criterio".