Con Artur Mas y Duran Lleida de vacaciones, los segundos espadas de Convergència y de Unió no sólo han intensificado sus proclamas para que la manifestación del próximo 11 de septiembre en Barcelona sea una nueva exhibición de masas sino que han mostrado su disposición a poner las urnas en la calle el próximo 9 de noviembre diga lo que diga el Tribunal Constitucional.
Pese a que aún no se dispone de ley de consultas autonómicas (en teoría se aprobará a mediados de septiembre), se da por supuesto que el presidente de la Generalidad firmará la convocatoria de la consulta a finales del próximo mes, con la excusa de la normativa autonómica y de la previsible gran afluencia de independentista en la manifestación que se habrá celebrado un par de semanas antes. La novedad es que de pretender un referéndum legal se ha pasado directamente a la vía de la desobediencia y la insumisión que plantean ERC y la Assemblea Nacional Catalana (ANC).
En los últimos días y ante la posibilidad más que cierta de que el Tribunal Constituciónal (TC) suspenda la consulta tras un recurso del Gobierno contra la ley regional catalana, tanto el líder de ERC, Oriol Junqueras, como la presidenta de la ANC, Carme Forcadell, se han mostrado partidarios de "desbordar" y "quebrar" la "legalidad española", según sus propios términos.
En CiU, lejos de replicar como hasta ahora que no se haría nada que fuera ilegal, se ha cambiado de registro y ahora tanto Josep Rull, nuevo número dos de CDC como Antoni Castellà, una figura emergente en Unió de marcado cariz separatista, han prometido que sea cual sea la resolución del TC "habrá urnas" el 9N. De hecho, el gobierno autonómico ya ha encargado la confección de las papeletas y de las urnas de cartón a la empresa pública que gestiona el trabajo de los internos de las prisiones catalanas, transferidas a la Generalidad.
Esta nueva vuelta de tuerca en el desafío separatista se interpreta entre los nacionalistas como el "calentamiento previo" de la manifestación del 11-S, así como un gesto para ablandar al Gobierno de Mariano Rajoy, cuyos ministros, no obstante, tienen la directriz de atender en la medida de lo posible las peticiones de Mas, un listado con 23 puntos que incluye la impunidad lingüística, una sustancial y singular mejora de la financiacion y más recursos para insistir en el programa de "catalanización" social.
Sea un movimento táctico para frenar el escándalo de Pujol, una forma de invitar a los catalanes a participar en la manifestación de la ANC del 11-S o una declaración de intenciones sinceras, la cuestión es que el lenguaje de los dirigentes y altos cargos de la Generalidad no es precisamente conciliador y cuando ya se daba por supuesto que la consulta habría de ser sustituida por unas autonómicas vuelve el rostro más duro de CiU, incluida la formación democristiana, cuyo sector soberanista está dispuesto a romper el partido y entregarse a Convergència pese a los efectos de la confesión de fraude fiscal del patriarca del catalanismo y fundador del movimiento.