La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha pedido este jueves a la Fiscalía que le informe sobre si es competente para investigar el caso de los ERE en Andalucía en relación a nueve aforados, entre ellos los ex-presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En concreto, en una providencia notificada este jueves, la Sala pide informe a la Fiscalía sobre competencia y fondo en relación a la exposición razonada elevada por la jueza Mercedes Alaya el pasado mes de agosto,según han informado fuentes del Supremo.
Es decir, que el Ministerio Público deberá pronunciarse ahora sobre si estima que el Alto Tribunal es el competente para investigar a los nueve aforados y además sobre si aprecia indicios para abrir una causa a Chaves y Griñán o si, por el contrario, propone el archivo de la exposición razonada de Alaya.
En la misma providencia, el Tribunal Supremo designa como ponente de ese asunto, de acuerdo al turno preestablecido en la sala, al magistrado de corte conservador Miguel Colmenero.
Conde Pumpido decide apartarse
La Sala que tendrá la última palabra para decidir si se deben investigar a los expresidentes andaluces y otros siete aforados estará formada por el ponente Colmenero, por el presidente de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados José Manuel Maza y Antonio del Moral, todos ellos de corte conservador.
Inicialmente, el exfiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido debía formar parte de esa sala de admisión pero el magistrado ha decidido apartarse de la misma alegando que él en su anterior cargo firmó el decreto el 23 de marzo de 2011 donde ordenaba a la Fiscalía Anticorrupción que investigara el fraude de los ERE.
Por esta razón, el ahora magistrado del Alto Tribunal solicitará formalmente al presidente Saavedra en los próximos días que le permita apartarse de este procedimiento judicial. A Conde Pumpido le sustituirá el magistrado que le siga por mayor antigüedad en la Sala de lo Penal.
Los ERE, una decisión política
El Alto Tribunal recibió el pasado de 12 agosto la exposición razonada de la jueza Alaya, acompañada de veinte de los ochenta tomos del sumario del caso que ha ido instruyendo a lo largo de tres años, para que el TS se hiciera cargo de investigar a nueve aforados, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que figuran como "preimputados" desde septiembre del 2013.
Además de Griñán y Chaves, hay siete exconsejeros de la Junta que también están aforados: Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio, Francisco Vallejo, así como Gaspar Zarrías y Mar Moreno, que aparecieron por primera vez como posibles imputados en la exposición razonada elevada por Alaya.
En su escrito al Supremo, Alaya mantiene que la implantación del sistema de los ERE, que abarcó varias legislaturas, fue una decisión "marcadamente política" y dice que es "impensable" que fuese adoptada por un solo consejero.
Por el contrario, "es altamente probable que tanto el presidente Manuel Chaves, a quien correspondía fijar las directrices generales del gobierno, como el consejero de la Presidencia Zarrías, entre cuyas competencias estaba la asistencia técnica y política del presidente", tomaran la decisión en connivencia con el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera, sostiene la juez.