Que a El País no le gusta la juez Alaya, que investiga la corrupción del PSOE y UGT, no es nuevo. Pero hasta ahora se había guardado muy mucho de acusar a la juez de los ERE de cometer delitos. Hoy, aprovechando que la resaca de la Diada ocupa toda la actualidad nacional, arremete contra ella en un editorial por su decisión de unir la investigación sobre los ERE con la de los cursos de formación.
"Alaya lleva mucho tiempo bordeando las funciones fijadas por la ley al instructor. Ocultación de pruebas al fiscal y a las defensas, retrasos de hasta tres años en la toma de declaraciones a imputados, riesgo de prescripción de delitos o sostener que el Presupuesto andaluz ha sido falseado", acusa el diario de Cebrián.
"Existen suficientes indicios de que la herencia de anteriores equipos de la Junta de Andalucía está plagada de irregularidades o deficiencias de gestión", pero "queda lejos de la justicia penal", sentencia. "No se trata de ahorrar sinsabores a antiguos cargos del PSOE, como seguramente dirán los demagogos de turno", dice en un claro ejemplo del famoso excusatio non petita, accusatio manifesta.
"Ya vale de búsquedas indiscriminadas que alimentan el populismo en el que se pretende descalificar a las instituciones ante el pueblo, a lo cual contribuye la confusión de gestiones discutibles como comportamientos delictivos".
Y concluye pidiendo acciones judiciales contra la juez. "La fiscalía y los tribunales correspondientes deben intervenir si la magistrada no se corrige a sí misma (…) Las causas generales no caben en una democracia digna de tal nombre". ¿Qué ha encontrado la juez Alaya que tanto alarma a El País?