La formación a los parados de Delphi fue objeto de crítica e incluso de sorna -cuando se conocieron cursos consistentes en ver cine o visitar bodegas de Jerez-, a partir de 2007, cuando casi 2.000 trabajadores fueron despedidos. Posteriormente, se supo la participación del exconsejero Ojeda y su familia en la casi acaparación de estos cursos. Luego, la investigación judicial y las denuncias sindicales elevaron el tono. Finalmente, un informe de la Inspección de Trabajo, que contiene graves acusaciones a la Junta de Andalucía, ha obligado a esta a revisar uno por uno todos los cursos de formación vinculados a la plantilla de Delphi, casi la mitad de la cual, siete años después, sigue en el paro.
El anuncio de revisión de los cursos uno por uno lo hizo ayer el Consejero de Educación de la Junta, Luciano Alonso, responsable de la formación para el empleo desde su traslado desde la Consejería de Empleo atosigada por el escándalo de los ERE y otros.
En respuesta a la pregunta del PP en el Parlamento andaluz, el consejero afirmó que se están analizando todos los expedientes abiertos, algo que se está haciendo "con un modelo de revisión único en este país, pues no se hace por muestreo como antes y como se hacía en el resto de España, sino que se analiza uno a uno". Tal y como relaciona La Voz Digital de Cádiz, este desvelo revisador se corresponde con el informe de la Inspección de Trabajo que considera incluso penalmente relevante el comportamiento de la Junta en este caso y con la posibilidad de que la juez Alaya combine todos los casos abiertos sobre el fraude de la formación en Andalucía para desarrollar una nueva macrocausa al estilo de los ERE, caso con el que asimismo estará relacionada la nueva instrucción global.
La juez Alaya, sobre la que recayó parte de la investigación sobre el fraude en los cursos de formación, tiene algunos elementos esenciales para su investigación. Además de las investigaciones periodísticas que dieron paso al caso de la formación en toda Andalucía, hay un documento de la Inspección de Trabajo y el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que alertó el pasado enero sobre la irregularidad en la concesión de una beca que compensaría a esa prestación a los perceptores de cursos de Delphi. El informe de la institución andaluza ponía en cuestión las ayudas ofrecidas a la extinta Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe), hoy integrada en el SAE. En tela de juicio están aún los 8,9 millones que gestionó este órgano, dependiente entonces de la Consejería de Empleo, para la formación de los ex Delphi.
El informe de la Inspección de Trabajo
En ese informe, realizado por los inspectores de trabajo especializado en un grupo antifraude, se acusa a la Junta de Andalucía de fraude por subvencionar con un plan especial de 105 millones los cursos de formación para los 1.904 extrabajadores de la multinacional Delphi asentada en Cádiz, tras su cierre en 2007. En el informe se refiere que estos hechos analizados podrían tener "relevancia penal".
Informó El País de que este informe es la clave sobre la que la juez Mercedes Alaya basa la imputación del exconsejero de Empleo Antonio Fernández en su nueva macrocausa sobre los cursos de formación desde 2001.
En este informe, se considera como un todo el plan especial que la Junta andaluza diseñó para los extrabajadores de Delphi, que en total ha supuesto un costo de más de 250 millones (una media de 130.000 euros por trabajador).
Tras el informe crece la sospecha de que la presencia de Ojeda Avilés, el exconsejero de la Junta, no fue casual sino algo orquestado desde la propia Junta de Andalucía.
Las conclusiones de los inspectores
- las subvenciones de la Junta provocaron un fraude a la Seguridad Social al destinarse "a la simulación de relaciones laborales" para proporcionar a los exempleados prestaciones “indebidas” con la colaboración de empresas, asociaciones y fundaciones.
- la Junta vulneró la Ley General Presupuestaria por dedicar "recursos públicos al cumplimiento de sus objetivos o compromisos políticos" sin haber obtenido previamente “la aprobación de los órganos legislativos competentes”.
Tras el cierre de la planta de automoción de Delphi, el Gobierno andaluz se volcó con los trabajadores y puso sobre la mesa un plan millonario, que, consensuado con los sindicatos, incluía una formación para recolocar a los trabajadores de la bahía gaditana, donde el desempleo hacía estragos. La fórmula legal utilizada entonces para este plan especial es la que ahora cuestionan tanto el Gobierno como la juez Alaya.
- El sistema de concesión y gestión de las subvenciones se llevó a cabo incumpliendo lo dispuesto en su normativa específica y causando un grave perjuicio para el patrimonio de la Seguridad Social, para el presupuesto del servicio público de Empleo estatal y para el presupuesto de la propia comunidad autónoma de Andalucía.
- la Junta puso en marcha, como en los ERE, un mecanismo de subvenciones excepcionales por concesión directa, que eran "proyectos subvencionados puramente formativos, aunque se disfrazaron de contratación laboral"..
- Incluso premió a los trabajadores con una beca por asistir a los cursos, que sumada a la prestación por desempleo, garantizaba a los despedidos "un determinado nivel de ingresos, con cargo a fondos públicos, al margen de la normativa sobre protección por desempleo" y discriminando al resto de desempleados españoles
Los cursos "se desarrollaron realmente" —a diferencia de otros casos destapados en investigaciones policiales de la comunidad— pero la participación de los trabajadores "fue revestida con la apariencia de una relación laboral" para poder pagarles con las subvenciones directas y acceder a las prestaciones de la Seguridad Social. Los inspectores exculpan a los extrabajadores del supuesto fraude al ignorar "este sistema de simulación de relaciones laborales".
- Gadir Solar y SK10 Desarrollo y Tecnologías, dos empresas compradas más tarde por el consorcio Alestis (participado por la propia Junta en un 21%) contrataron a parte de los extrabajadores de Delphi pero sin mantenerlos en plantilla durante los tres años estipulados, por lo que deben devolver la subvención. Se calcula en 105 millones la desviación de dinero perpetrada.
- Se pone de manifiesto el vínculo entre la formación y el fondo de los ERE, ya destapado por un alto funcionario de la Junta en el juzgado.
Las entidades desviaron "fraudulentamente" una gran parte de los 105 millones que percibieron hacia empresas vinculadas al generar sobrecostes, "la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor añadido" para los cursos de formación.
- El informe destaca cómo Ojeda realquiló unos locales comerciales para cursos a terceras empresas de su propiedad "multiplicando su precio por diez", al pasar de 4.500 euros a 45.000 euros.
Multa a las entidades que participaron
El Ministerio de Empleo multa con 8,3 millones a las nueve entidades por las irregularidades detectadas ha multado a las nueve entidades que impartieron cursos en Delphi con 8,3 millones de euros. Estas empresas son las del exconsejero de la Junta Ángel Ojeda —imputado ya por un juzgado y detenido en su día— como también la Fundación Fueca, participada por la Universidad de Cádiz, o el grupo Alestis, afrontan el grueso de estas sanciones, ahora en periodo de alegaciones.
El gerente de la Fundación Fueca, Rafael Villar, ha dicho que su comportamiento fue legal pero el informe subraya que Fueca debería haber realizado directamente las acciones formativas, sin subcontratarla con terceros, subcontratación que, ahora, la Junta quiere eliminar.