Los presos de ETA de cuatro cárceles del sur llevan meses en una campaña organizada que consiste en remitir centenares de escritos de queja al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que terminan por colapsar el juzgado por la necesidad de revisar sus peticiones, aunque en ningún caso son correspondidas por lo inverosímil de sus exigencias, informan a Europa Press fuentes jurídicas.
Estas mismas fuentes no dudan de que se trata de una acción organizada porque, aunque los escritos los realizan presos distintos de manera individual, todos guardan una similitud en el formato y el modo de plantear las reivindicaciones.
Afirman que el Colectivo de Presos de ETA (EPPK por sus siglas en euskera) ya había recurrido a este tipo de protestas coordinadas en el pasado, aunque llevaban una larga temporada sin hacerlo. En todo caso, los escritos de queja que llegaban al juzgado lo hacían de forma aislada.
Ahora han retomado esta ofensiva desde antes del verano. Otra de las novedades es que, en lugar de ser algo común a todo el colectivo, los escritos proceden de cuatro cárceles en concreto. Se trata de los centros penitenciarios de Córdoba, Morón de la Frontera (Sevilla), Huelva y Albolote (Granada).
Quejas "nimias"
La mayoría de estas quejas son por cuestiones "nimias" o directamente "peregrinas", según las mismas fuentes consultadas. Quejas en las que, por citar algunos ejemplos, exigen la colocación de luces de emergencia, desfibriladores en todos los módulos de la cárcel o la construcción de un módulo psiquiátrico, ausente en las prisiones convencionales al existir ya centros penitenciarios específicos para la atención psiquiátrica donde se traslada a los presos que requieren de estos cuidados.
Habitualmente, en las cárceles del sur de España se encuentran internos de peso en la organización terrorista como Juan Antonio Olarra Guridi, portavoz del EPPK e interno en Granada. Otro de ellos es Xabier García Gaztelu, el asesino de Miguel Ángel Blanco, interno en Huelva.
En Córdoba se encuentra el exintegrante del "comando Andalucía" Igor Solana Matarranz o Igor Portu, autor del atentado contra la T4 de Barajas. Otros internos repartidos por esas cuatro prisiones son Xabier Pérez Aldunate, Juan Carlos Balerdi, Fernando García Jodra, Iñaki Arakama Mendía, alias Makario, o Asier Arzalluz Goñi.
Precisamente la mayoría de los presos de la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) ya protagonizaron en octubre de 2013 una protesta por su cuenta en la que llevaron a cabo una huelga de hambre sin recibir el respaldo del resto del EPPK. Las reivindicaciones de aquella huelga de hambre no tenían un patrón claro ya que comenzaron denunciando su reclusión en el módulo de aislamiento y el trato recibido por algunos funcionarios de prisión para posteriormente hacer una exigencia de máximos en la que pedían la reagrupación de todos los presos.
Se especuló incluso con que aquella iniciativa tenía por objeto protestar contra la estrategia de la izquierda abertzale, favorable a que los internos terroristas realizasen algún tipo de asunción del daño causado a sus víctimas. Lo cierto es que desde los cuadros dirigentes de la izquierda abertzale pasaron de mostrar un perfil bajo ante esta protesta a implicarse de manera personal con visitas a la cárcel para entrevistarse con los reclusos que terminaron por deponer su actitud casi un mes después apelando a razones de salud.
Sevilla, la más combativa
La cárcel de Sevilla es una de las más combativas a la hora plantear protestas. De esta cárcel surgió hace dos años la iniciativa de hacer una huelga de hambre general en solidaridad con la que había iniciado el secuestrador de Ortega Lara, Josu Uribetxeberria Bolinaga, semanas antes de que se le concediese la libertad condicional a causa del cáncer que padecía.
La ofensiva de remitir centenares de escritos al juzgado es la última iniciativa de los presos etarras que se topa con el rechazo de las instituciones. Han ido encadenado fracasos en sus estrategias tanto individuales como colectivas. La última gran apuesta del EPPK fue la que comenzó el pasado 28 de diciembre en la que los presos anunciaron su disposición a asumir la legalidad penitenciaria para acceder a beneficios y reconocían "con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generado".
El Gobierno siempre ha reaccionado a estos movimientos exigiendo a ETA su disolución o a los presos que rompan con la banda terrorista. Tras varias semanas sin avances, el EPPK anunció que iniciaría una campaña para solicitar de forma escalonada su acercamiento a la cárcel de Zaballa (Álava) y la excarcelación de los presos enfermos y mayores de 70 años. El Ministerio del Interior rechazó de plano todas las peticiones que le fueron llegando.
Ya en el pasado trataron de lograr su acercamiento por medio de una campaña en la que emitían de forma individual peticiones de acercamiento o excarcelación para otros presos de la banda. Tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional rechazaron este plan al entender que seguía formando parte de una estrategia colectiva y no de una iniciativa individual de ruptura con su pasado terrorista.
También desde el punto de vista individual, el EPPK y su entorno han visto rechazada la aspiración de uno de sus presos enfermos, Aitzol Gogorza, quien pidió ser excarcelado de la prisión de Basauri (Vizcaya) por sus problemas mentales que le han llevado a protagonizar varios intentos de suicidio en prisión. En lugar de eso, la Audiencia Nacional ha decidido su traslado a un hospital psiquiátrico penitenciario. Sólo existen dos que dependan de Instituciones Penitenciarias, uno está en Sevilla y el otro en Alicante.
Fuentes de la lucha antiterrorista ya informaron el pasado junio a Europa Press que la caída de Arantza Zulueta en los primeros días de enero había sumido al Colectivo de Presos de ETA en una situación de desconcierto debido a la falta de un liderazgo claro, cuentan con dificultades para articular estrategias o difundir sus mensajes y, tras la asunción de que el Gobierno del PP no dará pasos, han empezado a surgir dudas en algunos presos.
La desarticulación en enero del "KT" -el grupo que controlaba las prisiones- cercenó el conducto de transmisión de instrucciones. La fuerte personalidad de Zulueta, a la que algunos presos llamaban "la hiena", y sus técnicas de intimidación lograron evitar divisiones significativas en un sector en el que nunca han faltado voces discordantes pese a las exhibiciones de unidad.
Aquella operación de la Guardia Civil buscaba, entre otras cosas, retirar a Zulueta de la circulación y dividir el EPPK. Actualmente son los abogados habituales de ETA los que siguen visitando las prisiones, pero las fuentes consultadas indican que no tienen ni la ascendencia ni el grado de compromiso que tenía Zulueta. De hecho, algunos presos han aprovechado para quejarse ante sus nuevos visitantes de que llevaban años sin hablar con un abogado del Colectivo.