La antigua Consejería de Empleo presentó un expediente de la ayuda excepcional de 8,9 millones concedida en 2009 a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo -Faffe- destinada a Delphi. El entonces interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, que advirtió a la Junta hasta en 15 ocasiones sobre la ilegalidad de las ayudas del caso de los ERE y que está imputado en la causa, frenó la concesión de la ayuda porque se concedió sin haberse solicitado.
El ex Interventor firmó el 20 de agosto de 2009 un informe de fiscalización de disconformidad con efectos suspensivos que paralizó durante más de tres meses la concesión de la ayuda sobre formación y el visto bueno del Consejo de Gobierno andaluz.
El Interventor consideraba anómalo, relata ABC, que la propuesta de ayuda excepcional no hubiera solicitud de subvención -llegó tres meses más tarde-, que no conllevara memoria económica y que no se aclarase qué fase de la formación de los ex de Delphi se iba a subvencionar y tampoco se detallan las partidas sobre la subcontratación de actividades. Cuestiona, por último, la premura de la Junta para adelantar el 25 por ciento de los fondos.
El PP, el pasado día 10 de septiembre y en la sesión plenaria celebrada en el Parlamento andaluz el pasado día 10, recriminó que "todo el Consejo de Gobierno sabía que se estaba exonerando a la Faffe -de justificar la ayuda- y que se estaba dando una subvención que se había propuesto antes de pedirla".
La Consejería rebatió las consideraciones del Interventor y en octubre de 2009, Gómez emitió un segundo informe en que reiteraba las deficiencias. En diciembre dio el visto bueno, una vez formalizada la solicitud, y el gobierno Griñán dio curso a la ayuda. Aunque en el sistema ideado para el caso de los ERE impedía el control de los interventores, en el caso de los cursos de formación los interventores fiscalizaban a priori el expediente, pero no a posteriori, por lo que no sabían el destino real de las ayudas.