Según el último informe de la Cámara de Cuentas sobre las cuentas andaluzas de 2012, la Junta de Andalucía tiene 2.471 millones de euros sin justificar.
Varios cientos de estos millones están sin justificar desde 1987, primer año fiscalizado por la Cámara de Cuentas, por lo que podría haber otros millones sin justificar más desde 1982. Según El Mundo, algunos de estos millones se pueden dar ya por perdidos. La Cámara de Cuentas evidencia que la Junta no sabe si el dinero se utilizó bien o mal y no pone medios para saberlo. 40,95 de estos millones de euros están pendientes de justificación desde 1987 hace ya 27 años. Desde 1988 se arrastran otros 30,02 millones de euros sin justificar. De 1989, 17,08 millones de euros.
Precisamente en ese tiempo, entre el 87 y el 89, el consejero de Hacienda y Planificación era Ángel Ojeda, actualmente imputado por la trama de los cursos de formación, las consejerías de Educación y Empleo sumaban 88 millones sin justificar, 44 millones de euros sin justificar cada una.
De los 2.471 millones de euros de fondos sin justificar, alrededor de 236 millones datan de hace una década o más. De ellos, casi 200 llevan 15 años pendientes de justificarse y, de éstos, 160 millones llevan 20 años o más gastados sin que a día de hoy se haya acreditado a qué se destinaron, si es que se destinaron a algo.
La Cámara de Cuentas dice textualmente, advirtiendo de este agujero: "En el ejercicio se ha conseguido una disminución del saldo de los libramientos pendientes de justificar de ejercicios anteriores; no obstante, el saldo de aquellos libramientos de mayor antigüedad decrece en porcentajes muy bajos e incluso permanece inalterable, como en el caso de los de los ejercicios 1987 y 1988, por lo que habría que incrementar el esfuerzo para su depuración, ya sea exigiendo su justificación o reintegro y, si procede en derecho, su declaración de prescritos".
La madre de todas las corrupciones
La sospecha crece cuando se confirma que al cierre de 2012, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tenía pendiente de justificar libramientos ( desembolso de fondos públicos para adquisiciones patrimoniales, gastos corrientes, pago de nóminas, expropiaciones y, en gran medida, subvenciones que se libra a ciegas con la condición de que, después de gastarse, se acredite) por 882 millones de euros, el 99% de todos los de las agencias públicas y casi un tercio de todos los fondos sin justificar de la Junta de Andalucía.
Al agujero del SAE hay que sumar los 156,65 millones de euros que los servicios centrales de la Consejería de Empleo no había justificado ascendiendo el total a 1.039,10 millones, el 42% de todo lo injustificado. El Mundo, muy oportunamente, recuerda que este agujero en los libramientos guarda una relación evidente con la decisión del SAE de exonerar a los beneficiarios de ayudas para cursos de formación de manera continua año tras año desde 2007, según declaró ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) el director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate.
Estas exoneraciones las firmaron los sucesivos presidentes del SAE Antonio Fernández y Manuel Recio, siendo ambos consejeros de Empleo, y Antonio Ávila, siendo consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, departamento que gestionó estas competencias hasta el traspaso efectuado a Educación en abril de 2013.
Ahora, quien está obligada a hacer el seguimiento a esos fondos y tratar de justificarlos no es el SAE sino la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, que depende de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.