El presidente de la Generalidad, Artur Mas, está dispuesto a apurar los plazos al máximo, por lo que se mantiene la incertidumbre respecto a la firma de la convocatoria del referéndum. Está en el centro de un escenario en el que tiene pocas salidas pero muchos focos y trata de explotar la situación en términos de agravio y victimismo.
Su portavoz y consejero de Presidencia, Francesc Homs, ha negado que Mas vaya a firmar la convocatoria del referéndum y unas plebiscitarias el mismo día y para el mismo 9-N, a pesar del apoyo mostrado a esa opción por parte del portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Alfred Bosch, que ha reconocido que ha habido conversaciones entre CiU y ERC en ese sentido.
Homs lo ha negado con rotundidad y amparándose en que la Ley Orgánica de Régimen Electoral no da margen y establece que entre la convocatoria de unas elecciones y su celebración deben transcurrir 54 días. Pero eso es lo único que ha podido dejar claro en su rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno de la Generalidad, el consell executiu de los martes. Ni dijo cuándo se va a publicar la ley de consultas en el Diario Oficial de la Generalidad ni cuándo, dónde, cómo y en qué contexto se producirá la firma de Mas. No quiso entrar en detalles y despejó las preguntas con la retórica habitual: se trabaja en la consulta, se votará el 9-N, la Generalidad quiere hacer las cosas bien y respeta las leyes, etcétera, etcétera.
Preguntado por una información de La Vanguardia en la que se asegura que la convocatoria se producirá el viernes y acto seguido Mas concederá una entrevista a TV3, Homs mostró su sorpresa pero no lo desmintió. "Saben más que yo", dijo con una sonrisa. El resto de la rueda de prensa estuvo dedicado a responsabilizar al Gobierno de los impagos de la Generalidad. "No llegamos a fin de mes", declaró Homs para justificar los retrasos, que este mes dejarán sin cobrar a las farmacias y a las entidades de ayuda social. Quienes no tendrán problemas, sostuvo rotundo, son los funcionarios, "que no deben sufrir por no cobrar a fin de mes; ya sufrimos nosotros por ellos".
Las dificultades financieras no alteran, sin embargo, los planes separatistas. Ya hay urnas, ya se han reimpreso las papeletas (se mantiene la doble pregunta pero se ha cambiado la "puesta en página" porque a Mas no le gustaron las que ya se habían impreso), está montada una campaña "institucional" con las consiguientes inserciones publicitarias y el Ayuntamiento de Barcelona, también en manos de CiU, refinancia todo aquello a lo que no llega la Generalidad.
Entretanto, Mas pretende librar con la Moncloa una guerra de nervios y dar cada paso en el último momento, a fin de rentabilizar el efecto mediático de su interpretación de los tiempos políticos. En su entorno las interpretaciones de esta estrategia oscilan entre la partida de ajedrez y la ruleta rusa y se permanece a la espera de cualquier salida de tono, circunstancia o casualidad que pueda beneficiar la causa separatista.
El factor Pujol
Además valoran que la incertidumbre y la expectación sobre los planes de Mas consiguen difuminar el caso de corrupción que afecta a Pujol, quien tiene previsto comparecer en el parlamento autonómico el próximo viernes. De hecho, la coincidencia entre el anuncio de referéndum, que se pretende solemne, y la intervención de Pujol en la cámara regional debería restar protagonismo al trance del expresident en un formato que además le beneficia, pues abrirá y cerrará la comparecencia y responderá a todos los grupos en un solo turno.
Lo que no está en absoluto claro que vaya a constituirse es la comisión de investigación sobre el escándalo de corrupción de Pujol, su familia y la propia Convergència. En teoría, el martes se aprobará en el parlamento autonómico la constitución de dicha comisión, pero Mas contempla como plan B, a día de hoy, la celebración de unas plebiscitarias, lo que dificultaría sobremanera que esa comisión llegara a reunirse.
La opción del choque frontal
La desobediencia, al menos formalmente, también está sobre en la sala de mapas de Mas. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y 665 ayuntamientos ya se han mostrado dispuestos a suplir a la Generalidad en las tareas logísticas del referéndum para el 9-N. De esta manera, la ANC dispondrá del padrón de más del 70% de los catalanes, puesto que Barcelona también se ha sumado a ese operativo para montar un censo electoral alternativo.
Es en la ANC, en la que ERC tiene más mando que CiU, donde los sectores más tibios del nacionalismo encajan el ejemplo de la ruleta rusa y el revólver con una bala para ilustrar la actitud de Mas, que no deja de airear la capacidad de movilización de la ANC como la justificación del referéndum, además de como una velada amenaza y un aviso a navegantes sobre la tensión social que podría generarse en Cataluña si el 9-N no hay referéndum. Es la opción del choque frontal, la que prefiere ERC y en la que trabajan los ayuntamientos y la ANC.