El presidente tomó la decisión de guardar en un cajón la reforma de la ley del aborto antes de marcharse de vacaciones. Sus asesores le advirtieron de que seguir adelante tendría un elevado coste electoral y que lo mejor era echarse atrás. Para evitar el enfado del sector católico del PP -ciertamente importante-, se reformará la actual normativa para que las menores de 18 años necesiten del consentimiento paterno para interrumpir su embarazo y se aprobará un Plan de Protección de la Familia.
Así se lo planteó a Alberto Ruiz Gallardón en una reunión previa al último Consejo de Ministros antes del periodo estival. No era algo definitivo, pero casi. A la vuelta, la semana pasada y tras insistentes rumores, Rajoy y el ministro retomaron el tema. No había vuelta atrás: no habría reforma. Entonces, el ministro le anunció su decisión de dimitir coincidiendo con el plazo que él mismo había dado para que los cambios vieran la luz. Pero la ley de consultas de Cataluña aún no se había aprobado, y ambos decidieron que había que esperar.
Los hechos se precipitaron este martes. Según Gallardón, su tarea con respecto al desafío separatista ya estaba concluida toda vez los recursos al Tribunal Constitucional están redactados. Vuelve a despachar con Rajoy. Mientras, por la mañana y en una calculada declaración ante los medios, el presidente hace el anuncio: "he tomado la decisión que creo más sensata", se justificó.
Según dijo, se ha hecho "el mayor de los esfuerzos" para llegar un entendimiento que no ha sido posible. Esto es, lo ya esgrimido por Soraya Sáenz de Santamaría el viernes: falta de consenso. Según esgrimió, no se puede tener una ley que sea susceptible de ser cambiada "al medio minuto" cuando llegue un gobierno de otro color.
Rajoy dio el portazo esgrimiendo que es un tema que afecta "a convicciones profundas y personales de todos los ciudadanos" que "genera mucha división".