Tal día como hoy, 24 de septiembre, pero de 2013, Libertad Digital contaba en su portada que la vicepresidenta del Gobierno llamó al antiguo INEM para pedir cita. Soraya Sáenz de Santamaría no quería buscar trabajo sino comprobar que el sistema funcionaba correctamente.
La número dos del Gobierno aseguró que la reforma de la Administración Pública se iba a ver también en la gestión de los ciudadanos en los procesos que tienen que ver con la administración.
Para ejemplificar que la reforma estaba funcionando comentó que ella misma había comprobado la mejora en la eficiencia de los servicios. Confesó que llamó personalmente al servicio de cita previa de las Oficinas Públicas de Empleo Público para comprobar su funcionamiento. "Desde el mes de junio es una realidad llamar a una Oficina Pública de Empleo y solicitar número para cita previa, y llamé. Se lo digo porque, como no me lo creía, llamé cuando me dijeron que ya estaba en marcha. Me dieron cita el día siguiente a las 12 de la mañana", aseguró la vicepresidenta.
Continuó su relato diciendo que "el problema es que luego quise anularlo porque de momento tengo trabajo, y digo: 'le estaré quitando el número a alguien'". Pero ahí vino el problema, cuando Sáenz de Santamaría no pudo anular la cita, ya que "el procedimiento para anularlo no fui capaz de verlo, tendremos que darle una vuelta". Por eso concluyó que, pese a ese pequeño percance y "tres puntos concretos del sistema informático", el sistema de cita telefónica funciona en todas las comunidades autónomas.
Tres meses antes, el presidente del Gobierno presentó la reforma de las administraciones públicas que constaba de 217 medidas que servirían para crear una "nueva cultura de la gestión pública: administraciones más austeras, útiles y eficaces". Esa reforma se iba a fundamentar en cuatro ejes básicos: evitar duplicidades; simplificar los trámites administrativos y rebajar burocracia; mejorar la gestión de servicios y de medios comunes y analizar la estructura completa de la administración española.