El presidente de la Generalidad, Artur Mas, ha aseverado este miércoles que no rectificará en su objetivo separatista de que los catalanes decidan el futuro colectivo, y ha advertido a la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, de que, quienes se oponen a la consulta, no podrán "impedir" que los catalanes acaben votando.
"No rectificaré en la voluntad de que el pueblo catalán vote su futuro" mientras en el proceso haya "movilización social", "pulcritud democrática", "actitud pacifica" y unidad política, ha afirmado hoy Mas al replicar a Alícia Sánchez-Camacho, que le ha apelado a "rectificar" tras haber cruzado ya "la línea roja".
Mas ha reprochado a Sánchez-Camacho que haga de "portavoz" del Tribunal Constitucional y le ha advertido de que, pese a los "obstáculos" que pueda poner PP y PSOE al proceso separatista catalán, no podrán "impedir" que acabe "con el pueblo catalán votando": "Dependerá de esta Cámara, no de ustedes esta vez", ha respondido a la líder del PPC.
ERC le pide no ser "cómplice" del TC
Por su parte, la secretaria general y diputada de ERC en el Parlamento catalán, Marta Rovira, ha exigido mantener la campaña institucional de la consulta separatista para no ser "cómplice de la suspensión" del 9 de noviembre decretada por el TC.
En una intervención ante el pleno ha dicho que el partido republicano está dispuesto a asumir "las responsabilidades políticas y las inhabilitaciones" que hagan falta para cumplir con el objetivo de que los catalanes voten en la consulta.
Además, ha asegurado que "multitud de trabajadores públicos y funcionarios" se han dirigido a ERC para expresar su determinación a seguir con la campaña y la organización de la consulta pese a las medidas cautelares decretadas por el TC.
El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, ha replicado que no son cómplices del Alto Tribunal, algo que se demuestra con que la Generalidad ya ha presentado argumentos "muy sólidos y muy completos" contra la suspensión.
Homs ha insistido en criticar que el Gobierno central ha impugnado la consulta con consideraciones "poco jurídicas y muy irresponsables", y ha lamentado que el Ejecutivo central ha actuado sin diálogo y sin sentido de Estado.