El Parlamento catalán, con los 86 votos a favor de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP, ha aprobado este miércoles la creación de la Comisión de Control de las Consultas Populares -el organismo llamado supervisar la consulta del 9-N-, en un tenso debate en el que PPC, PSC y Ciutadans se han negado a votar, al estar suspendida tanto la ley de consultas como la convocatoria del referéndum por el Tribunal Constitucional.
La comisión, que hará las veces de Junta Electoral, la forman siete juristas y politólogos de supuesto "reconocido prestigio", pero seleccionados por los separatistas,que serán la catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Mercè Barceló Serramalera, el catedrático del Departamento de Ciencia Política de la UAB Joaquim Brugué Torruella, y el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Rovira Virgili (URV) Alfons González Bondia.
También el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Gerona Miquel Martin Casals, los abogados Marc Marsal Ferret y Benet Salellas Vilar, y el catedrático de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Barcelona Jordi Matas Dalmases.
En un tenso debate antes de la votación, PPC y Ciutadans han solicitado su retirada del orden del día porque desarrolla, han advertido, una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, acto que para estos partidos supone traspasar una "línea roja" y una "desobediencia clara" al Alto Tribunal.
Es por ello por lo que estos partidos se han negado a participar en la votación, algo a lo que también se ha sumado el PSC, que ha cuestionado también su "legitimidad jurídica", mientras que el bloque soberanista ha defendido que el informe de los letrados del Parlamento catalán daba el visto bueno a la legalidad de la votación y ha cargado contra las "amenazas" de populares -con las manos en alto- y Ciutadans -que han abandonado el hemiciclo-.
Mas: "No podrán impedir que votemos"
El presidente de la Generalidad, Artur Mas, ha aseverado este miércoles que no rectificará en su objetivo separatista de que los catalanes decidan el futuro colectivo, y ha advertido a la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, de que, quienes se oponen a la consulta, no podrán "impedir" que los catalanes acaben votando.
"No rectificaré en la voluntad de que el pueblo catalán vote su futuro" mientras en el proceso haya "movilización social", "pulcritud democrática", "actitud pacifica" y unidad política, ha afirmado hoy Mas al replicar a Alícia Sánchez-Camacho, que le ha conminado a "rectificar" tras haber cruzado ya "la línea roja".
Mas ha reprochado a Sánchez-Camacho que haga de "portavoz" del Tribunal Constitucional y le ha advertido de que, pese a los "obstáculos" que puedan poner PP y PSOE al proceso separatista catalán, no podrán "impedir" que acabe "con el pueblo catalán votando": "Dependerá de esta Cámara, no de ustedes esta vez", ha respondido a la líder del PPC.
ERC le pide no ser "cómplice" del TC
Por su parte, la secretaria general y diputada de ERC en el Parlamento catalán, Marta Rovira, ha exigido mantener la campaña institucional de la consulta separatista para no ser "cómplice de la suspensión" del 9 de noviembre decretada por el TC.
En una intervención ante el pleno ha dicho que el partido republicano está dispuesto a asumir "las responsabilidades políticas y las inhabilitaciones" que hagan falta para cumplir con el objetivo de que los catalanes voten en la consulta.
Además, ha asegurado que "multitud de trabajadores públicos y funcionarios" se han dirigido a ERC para expresar su determinación a seguir con la campaña y la organización de la consulta pese a las medidas cautelares decretadas por el TC.
El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, ha replicado que no son cómplices del Alto Tribunal, algo que se demuestra con que la Generalidad ya ha presentado argumentos "muy sólidos y muy completos" contra la suspensión.
Homs ha insistido en criticar que el Gobierno central haya impugnado la consulta con consideraciones "poco jurídicas y muy irresponsables", y ha lamentado que el Ejecutivo central haya actuado sin diálogo y sin sentido de Estado.