Tras un Consejo de Gobierno más extenso de lo habitual ha llegado el anuncio. Las primeras palabras del consejero portavoz madrileño, Salvador Victoria, han sido para desvelar el cese fulminante del director general de Economía, Estadística e Innovación Teconológica de la Comunidad de Madrid, Pablo Abejas, por su presunta implicación en el uso fraudulento de las tarjetas "B" de Caja Madrid destinadas a gastos personales. Se da la circunstancia de que Abejas fue miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid cuando Miguel Blesa era presidente de la entidad.
El consejero portavoz, este jueves en la rueda posterior al Consejo de gobierno, ha dejado claro que el gobierno regional no tiene competencias en el asunto. "La supervisión financiera corresponde al Ministerio de Economía, al Banco de España", ha asegurado Salvador Victoria.
Por otro lado, el ejecutivo madrileño entiende que tendrán que ser los titulares de "esas tarjetas" los que tengan que justificar el "buen uso de las tarjetas de crédito y el adecuado destino de los gastos de representación a los que estaban destinados esas tarjetas". Salvador Victoria ha señalado que "en caso de que no se puedan justificar ese buen uso de las tarjetas lo que corresponde es la devolución de las cantidadees que no se puedan justificar".
Carmen Cafranga dimite
El gobierno madrileño también había instado, a través del Protectorado de la Comunidad de Madrid, a la Fundación de Caja Madrid a que la actual presidenta, Carmen Cafranga, abandonara el ejercicio de sus cargos.
Poco después, Cafranga ha hecho efectiva su dimisión por el escándalo de las supuestas tarjetas b.
En un comunicado, recogido por Europa Press, afirma que su dimisión tiene el fin de "preservar los intereses de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad Caja Madrid".
También destaca su "firme convicción" de haber actuado "siempre" con "plena legalidad", y, en todo caso, ha indicado que "si a la luz de la clarificación jurídica de los hechos hubiere lugar a ello", tiene el "firme compromiso de hacer voluntariamente las reparaciones a las que hubiere lugar".
"Sistemas de control y fiscalización"
En el mismo comunicado, Cafranga afirma que el sistema de compensación a los consejeros de la desaparecida entidad financiera, de la que es heredera la Fundación, está documentado y definido en sus órganos de gobierno desde 1988.
"Es un modelo generalizado en este tipo de entidades y en numerosas empresas y estaba sometido a los más rigurosos sistemas de control y fiscalización, tanto internos como del Banco de España y de los demás organismos supervisores y reguladores competentes", ha asegurado, destacando que las opiniones jurídicas consultadas "descartan cualquier irregularidad de tipo penal".
Por otra parte, señala que la Fiscalía Anticorrupción se ha limitado a remitir al Juzgado que instruye el llamado 'Caso Bankia' la documentación facilitada por el FROB, "para que el material sea examinado por los peritos del Banco de España en el contexto de la pericia que ya les venía encargada".
En este sentido, afirma que no existe respecto de su persona ni de la Fundación "imputación judicial de ningún tipo como tampoco existe acusación por esta cuestión de las tarjetas de empresa contra los consejeros y cargos electos de Caja Madrid".
No obstante, explica que deja la presidencia de la Fundación "con el fin de despejar toda sospecha de instrumentalización" de la misma en su favor.
"Probidad incuestionable"
Sobre el uso de las tarjetas, añade que "como es evidente", desde los años ochenta hasta la creación de Bankia en 2011 "han pasado por la entidad Caja Madrid un conjunto de personalidades que han utilizado las tarjetas de empresa y cuya probidad es incuestionable".
"Poner en cuestión que el sistema se hacía con plena legalidad, con gestión propia de la entidad y con absoluta transparencia, ya que precisamente el modelo de las tarjetas de empresa aseguraba el máximo control, choca con una realidad acrisolada en el tiempo", sostiene.