Desde casi el principio, la juez Alaya ha visto entorpecida su labor, muy pocas veces con razón, por la Fiscalía de Sevilla en su vertiente de Fiscalía Anticorrupción y por el Consejero de la Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, que fue antes de ser consejero fiscal y que tuvo que ver con los primeros pasos del caso de los ERE. La nueva batalla se centra en los medios que la juez pide para desempeñar eficientemente su labor y en la continuidad de su instrucción del caso ERE.
Este jueves, a pesar de que la juez Alaya había comunicado disponer de permiso del Tribunal Supremo para seguir instruyendo el caso ERE hasta que el alto tribunal decida sobre su competencia, se supo que la Fiscalía Anticorrupción anunció que recurrirá la decisión de la juez Mercedes Alaya de seguir instruyendo el caso de los ERE mientras el Tribunal Supremo toma la decisión sobre qué parte es la que afecta a los aforados, que pasaría a ser de su competencia.
La chispa que ha originado el nuevo encontronazo ha sido un nuevo auto de la juez que imputaba a nuevas personas y comunicaba la imputación a los exconsejeros andaluces Gaspar Zarrías y Mar Moreno. Recuerda El País que los escritos entre la fiscalía y Alaya sobre la pertinencia de seguir la instrucción o no del caso tras haber sido elevado al Supremo se han sucedido durante el pasado mes de septiembre. Además, el fiscal ya dijo en julio pasado que si la juez remitía la causa al alto tribunal solo debía continuar con las diligencias consideradas urgentes.
La juez y el permiso "telefónico" del Supremo
Se supo de la existencia del permiso telefónico del Supremo porque la propia juez dijo a la abogada de un imputado citado a declarar que disponía de permiso del Tribunal Supremo para continuar con la instrucción y que tal autorización se la habían comunicado por teléfono. Según ABC, esta forma de comunicación entre el Supremo y la juez no era habitual, pero permitía a la juez seguir instruyendo en paralelo el caso de los ERE y el del fraude de los cursos de formación Ahora, la Fiscalía parece poner en duda la afirmación de la juez.
La autorización del Tribunal Supremo contradecía a la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla que había pedido el cese de la instrucción y fue conocida el pasado martes. Cuando la juez tomaba declaración a uno de los directivos de Vitalia, Jesús Bordallo, su abogada Ángela Nieto informó a la magistrada de que su cliente no iba a declarar ante ella porque ya no era competente para seguir instruyendo el caso.
Alaya respondió a la letrada que sí era competente porque el Supremo le había comunicado por teléfono que contaba con su autorización para seguir instruyendo la causa. Luego, la respuesta del Supremo confirmó la afirmación de Alaya: "La juez tiene plena competencia de la instrucción mientras se resuelve la exposición razonada", informó un portavoz.
¿Quiere Alaya quiere medios privilegiados?
Eso insinuó el consejero de Justicia. Por eso dijo el jueves que Alaya no era la única juez del mundo mundial y además tendió un puente de plata ante la posibilidad de que la Magistrada haya aspirado a formara parte de la Audiencia Provincial. Su juzgado, dijo, "no es el único con sobrecarga de trabajo" y ha advertido de que "los medios" de su departamento "son finitos" y "hay que ayudar a todos los órganos".
Recuérdese que la juez Alaya ha remitido un escrito a la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -TSJA- para solicitar que se le asignen al órgano dos funcionarios de refuerzo y tercero para tramitar las diligencias relativas al caso de los expedientes de regulación de empleo -ERE- irregulares.
No se olvide tampoco que el pasado lunes, la propia juez Alaya se quejó públicamente de falta de personal de apoyo. La Junta había decidido que una de las interinas de refuerzo que trabajaba con la juez Alaya cesara el día 30 del pasado septiembre. Y que otra que hacía labores de apoyo en dicho juzgado sólo tres horas, no siguiera haciéndolo.