El Gobierno "da por sentado...", Moncloa "maneja la hipótesis...", Rajoy "está convencido" de que Artur Mas cumplirá la ley. Con todas estas fórmulas - y otras muchas- se ha manejado desde el Ejecutivo central el problema de primer nivel que tiene planteado con la Generalidad y su órdago independentista.
Desde que la tensión se acentuó, esto es, desde que la fecha acordada por el presidente catalán con los partidos secesionista está más cerca, el Gobierno del PP viene repitiendo que Artur Mas terminaría acatando la ley. Tal y como revelaba este periódico el pasado 16 de septiembre, el jefe del Ejecutivo se acogía entonces a la promesa de Mas de que no cometería ninguna ilegalidad. En aquel momento, hace menos de un mes, este era el calendario y escenario que barajaban en Moncloa: "Tras la aprobación de la ley de consultas y la convocatoria del referéndum ilegal, el Gobierno presentará dos recursos -que ya están redactados- y el Alto Tribunal dará el alto a la Generalidad. A renglón seguido, calculaban, Mas comparecerá para avisar de que 'lo ha intentado, pero no le han dejado' y previsiblemente convocará elecciones anticipadas".
Y así lo seguía repitiendo Rajoy durante su viaje a China. "No me planteo que Mas viole la ley". Y tras el Consejo de Ministros extraordinario incidió en esta idea: "No contemplo un escenario distinto de que Mas cumpla la ley. No quiero contemplarlo" y añadió en su declaración institucional: "Mientras sea presidente, la ley se va a respetar en toda su integridad. Que los españoles estén tranquilos. Todo el diálogo dentro de la ley y ninguno fuera de la ley".
El Gobierno auguraba que Artur Mas seguiría "generando tensión", pero en el último momento cedería. Pedro Sánchez también compartía esa tesis y así se lo dijo a Rajoy: "No cometerá nada ilegal".
¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues de momento, Mas ha pasado de las palabras a los hechos y ha desafiado al Tribunal Constitucional y al propio Gobierno creando la Junta Electoral para el 9-N. Este grupo de personas fue elegido el miércoles por el Parlamento catalán, pero no fue hasta el jueves cuando Mas refrendó el decreto que desarrolla la ley de consultas, suspendida por el TC, y que afecta también al decreto de convocatoria del referéndum, igualmente suspendido.
El Gobierno se ha limitado a ampliar el recurso ante el Alto Tribunal. Eso sí, la respuesta que dio este viernes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría tuvo que cambiar en algo: "Le recordamos que tiene que cumplir la Ley".