Que entre la Guardia Civil y la Policía Nacional hay una larga historia de desencuentros, polémicas y disensiones, no es nada nuevo. Pero tras la unificación de ambos cuerpos en una única dirección general, la "guerra" parecía terminada. Sin embargo, la pelea interna por hacerse con el control de la investigación de los fraudes en los cursos de formación puede dificultar llegar a descubrir su amplitud y extensión así como impedir una instrucción eficaz del caso. La reunión de fiscales en Granada el próximo día 9 deberá aclarar la competencia sobre este caso. La pasividad ante la situación puede perjudicar la instrucción y su eficacia.
¿Quién empezó la investigación? ¿La Guardia Civil o la Policía? Por una parte, en el caso ERE, vía el exugetista Juan Lanzas y empresas que impartían cursos de formación a él ligadas, la Guardia Civil tuvo que tener conocimiento oficial del tema. El caso UGT, que también recaló en el juzgado de Alaya en sus comienzos, daba de lleno en la diana de los cursos de formación. Además, las noticias aparecidas en los medios, especialmente en Libertad Digital, son anteriores a la Operación EDU, gestada por la Policía Nacional en Málaga que desató el escándalo nacional. Pero cierto es que quien da a la investigación un alcance nacional es la Policía Nacional desde sus primeras investigaciones en Málaga y otras provincias.
Ahora, El País subraya que la Policía y la Guardia Civil pugnan por las 12 investigaciones abiertas sobre los cursos de formación subvencionados por la Junta. Tienen como agravante el hecho de las disputas judiciales -no hay un juzgado encargado exclusivamente de este caso-, no han sido resueltas por los órganos superiores a los jueces de instrucción -Audiencias provinciales y Tribunal Superior de Justicia.
Desde el principio, la juez Alaya prefirió a la Guardia Civil para que esta centralice la docena de causas y revise el monto global de las ayudas -estimado en más de 3.000 millones en más de una década-, como ya hizo en el caso de los ERE. Recuérdese que hace ya tres años Alaya apartó a la policía del caso Mercasevilla- ERE casi tres años después de comenzarse la instrucción.
El motivo no fue baladí. Rafael Salvador fue el inspector de la Policía Judicial encargado del caso desde sus comienzos, pero fue apartado por la juez Mercedes Alaya que entregó el asunto a la Guardia Civil. Salvador envió el 20 de junio de 2011 un oficio a la titular del juzgado de Instrucción número 6 en el que ponía en conocimiento de la instructora que el volumen de documentación aportado en la causa de los ERE era de tal envergadura que su estudio "excede con mucho las capacidades técnicas" de la unidad. Además, creía necesaria la participación de expertos en materias como informática, urbanismo, seguros, contabilidad o administración de empresas, entre otros. El mismo día, la juez dictó un auto en el que acordó el relevo de esta unidad, una decisión que justificó en la "ingente documentación aportada y la diversidad geográfica que abarca la investigación", así como en la carencia de medios de la Policía Judicial para llevar a cabo la investigación.
Serafín Giraldo, portavoz del sindicato de la policía UFP, ya ha dicho que la investigación de la Guardia Civil incumple la Ley 2/86 de Cuerpos de Seguridad que establece la competencia de la policía para grandes ciudades y de la Guardia Civil para los pueblos "precisamente para evitar conflictos de competencias como este" y que "tanto Alaya como la Guardia Civil, aparte de vulnerar preceptos legales, pueden entorpecer investigaciones ya iniciadas".
La juez Alaya ha reclamado a lo largo del verano copias de los diferentes procedimientos abiertos en Andalucía sobre los cursos de formación de la Junta. y considera necesario para una mejor instrucción de la causa determinar qué asuntos en concreto se están tramitando en otros juzgados de la comunidad andaluza.
Según destila El País, la policía precipitó las detenciones del ex consejero Ángel Ojeda en su casa de Sanlúcar de Barrameda con el trasfondo de su "pelea" con la Guardia Civil, lo que podría afectar a la solidez de la instrucción. Pero tras autorizar los registros hace unas semanas y la detención de Ojeda, el magistrado Miguel Ángel López Marchena se inhibió a favor de Alaya, que ya había imputado a Ojeda y entregado la investigación a la Guardia Civil.
Los informes de la UCO han subrayado que varios procedimientos sobre las mismas subvenciones de la Junta podrían ser perjudicial para la justicia. "Parece ser que se estarían perfilando los informes y/o atestados policiales correspondientes para la inmediata judicialización de dichas investigaciones, hecho que provocarían la existencia de dos procedimientos judiciales abiertos para el esclarecimiento de los mismos hechos, con la consiguiente falta de coordinación y pérdida de eficacia".
El próximo jueves los fiscales tratarán el caso en Granada y verán si es mejor unir las causas en una sola macrocausa o mantener varias causas diferenciadas en las provincias. Los partidarios de la división del caso harán hincapié en la diferente naturaleza de las ayudas -con compromiso de contratación, subvenciones excepcionales y otros tipos- y en los distintos órganos que las concedieron -la Consejería de Empleo o las delegaciones provinciales. Los proclives a la unidad subrayarán la eficacia de la instrucción y la interconexión de todo bajo la Junta de Andalucía.