La Generalidad ha puesto toda su maquinaria en marcha para la celebración del "proceso participativo" del próximo 9 de noviembre. Es una administración en quiebra, morosa, que sobrevive gracias a las inyecciones del Fondo de Liquidez Autonomica (FLA) y que amenaza seriamente el sostenimiento de servicios sociales básicos, pero el 9N es intocable, una prioridad absoluta. No existe nada más y no hay más horizonte que esa fecha. De ahí que la administración autonómica utilice toda clase de procedimientos, entre lo ilegal, lo ilegítimo y lo inaudito, para improvisar un referéndum que suponga o bien el arranque de una campaña electoral para unas autonómicas anticipadas o el paso del ecuador de la legislatura.
Los directores de los institutos reciben correos electrónicos en los que se les conmina a colaborar en el 9-N mientras que la vicepresidenta del ejecutivo catalán, Joana Ortega (de Unió), anuncia que habrá locales en casi todos los pueblos de Cataluña. La Generalidad tiene a los directores de institutos y colegios agarrados por la solapa, pero el problema es que de los 947 municipios que hay en Cataluña, la Generalidad sólo dispone edificios propios (institutos y colegios) en poco más de doscientos. La participación de estos centros está prácticamente garantizada. La extensión del nacionalismo "educativo" por una parte y la presión vía mail por otra aseguran la disposición en positivo de profesores y directores para colaborar en el 9N de Mas. De hecho, buena parte de los seis mil funcionarios "voluntarios" de los que presume la Generalidad pertenecen a la comunidad educativa.
El mínimo que se plantean los partidarios de la independencia es que vote un treinta por ciento de la población mayor de dieciséis años. Con eso, según apunta el exdirector de La Vanguardia José Antich, el referéndum ya podría considerarse un éxito. La Generalidad no habla de porcentajes y se cuida muy mucho de que Mas firme ningún decreto, orden o directriz que pueda dar pie a un recurso por parte del Gobierno, pero la vicepresidenta Ortega ya ha garantizado que habrá colegios en 938 de los 947 municipios. Allá donde no llegue el poderío de la Generalidad o los ayuntamientos más pequeños, se presentarán autobuses para trasladar a quien quiera participar.
La convocatoria "oficial" del referéndum se hará pocas horas antes, el mismo 8 de noviembre, para evitar el recurso estatal. Entre tanto, todo son órdenes verbales, correspondencia digital y propaganda con el eslogan "Tú participas, tú decides". Al margen de sus deficiencias técnicas, de la escasez de medios económicos y de la improvisación absoluta que caracteriza el "proceso", la Generalidad plantea una consulta a la que otorga una validez simbólica. Mas prometió que el 9 de noviembre habría urnas y habrá urnas. Eso es lo único que cuenta para el gobierno autonómico.
El pacto tácito del frente separatista es que mientras la Generalidad pone la logística, los partidos se encargan de la movilización. El reparto de papeles llega hasta el punto de que Mas no participará en los actos de campaña de Convergència y se "limitará" a fomentar la participación. La unidad de los partidos del 9N está rota, pero tanto ERC como CiU y las CUP ya se han volcado en esa fecha. No es su referéndum; lo consideran un sucedáneo, dicen ahora, pero agitan a las bases separatistas para convertir el 9-N en la madre de todos los 11 de septiembre. Todo, desde la lista única, las elecciones anticipadas y la declaración de independencia, ha quedado en punto muerto hasta el 10 de noviembre.
Entre tanto, se prepara una "votación" sin censo, sin la más mínima garantía democrática, sin observadores imparciales, con profesores de instituto, algos cargos y funcionarios bien remunerados al frente de la "fiesta de la democracia", con un plazo de votación de quince días y cuyos resultados provisionales se conocerán entre 24 y 48 horas después del 9 de noviembre.
En cualquier caso y a partir del 10 de noviembre se abrirá una nueva fase en la política catalana. De partida, Mas no quiere elecciones anticipadas salvo que ERC se avenga a participar en una lista única. Y ERC no quiere que las autonómicas se celebren antes de las municipales del próximo mes de mayo, con lo que es probable que continúe la tensión, se prorroguen los presupuestos catalanes y se mantenga la tensión separatista. La novedad podría venir del indisimulado intento de Mas de enterrar las siglas de Convergència y concurrir a las próximas autonómicas bajo otras siglas, sin ERC ni las CUP, pero bajo la apariencia de una "lista de país".
Frente a este escenario plagado de incertidumbres se alza la posibilidad de agotar la legislatura autonómica. Mas tiene garantizado el apoyo del PSC. Hasta la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría conspira a favor de una sociovergencia que aplace el problema catalán hasta después de las elecciones generales. Y el líder del partido de Pujol necesita tiempo para refundar Convergència, cambiarle las siglas y atraerse media docena de independientes (Guardiola, Rahola, el juez Vidal, Sala Martí y algún "intelectual" o artista en apuros económicos) para afrontar las próximas autonómicas con unas mínimas garantías frente a ERC.
Carme Forcadell y Muriel Casals son otras de las dos personas que suenan con más fuerza para integrarse en lo que ya ha sido bautizado como "el partido del president". Se aduce que los estatutos de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que preside Forcadelll, dictaminan que la organización no podrá convertirse en un partido político, pero nada dicen de sus cargos. Forcadell es comisaria lingüística del departamento de Enseñanza de la Generalidad, exconcejal de ERC en Sabadell y presidenta hasta dentro de seis meses de la ANC. Su mandato no es prorrogable, sus relaciones con Mas, cada vez mejores, y su trato con Junqueras, su jefe (aún milita en ERC), de mal en peor.
En este contexto, crecen las suspicacias y se alimentan las sospechas en ERC, en Iniciativa y en las CUP. La izquierda "catalanista" está convencida de que Mas ya ha empezado a negociar con Rajoy, que el 9N es pasado por mucho que se celebre como una victoria sobre la "dictadura" y que el "apaño" se centra en el concierto económico y en las competencias lingüísticas y culturales. En ERC afirman tener más que indicios sobre las negociadores "soterradas" entre Convergència y lo que llaman "aparatos del Estado" en la línea de solventar la crisis catalana con una reforma constitucional. La detención de Oleguer Pujol y las peripecias financieras y judiciales de la famiglia no se tienen en cuenta en el tablero de juego de la política en Barcelona.