Aunque la Junta está personada en el procedimiento como parte perjudicada y como acusación, su comportamiento es tan anómalo que a veces parece que más bien defiende a los imputados que les exige explicación e indemnizaciones por su comportamiento. Por ello, la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la petición realizada por el sindicato Manos Limpias para que la Junta de Andalucía sea "expulsada" del procedimiento.
El pasado 12 de julio de 2013, Manos Limpias presentó un escrito en el juzgado pidiéndole la expulsión de la Junta, petición que reiteró el pasado 4 de abril de 2011 y "en aplicación de la más reciente doctrina jurisprudencial", pidió que la Junta "sea expulsada" del procedimiento como parte perjudicada, ya que "resulta inaudito que una parte que supuestamente se considera perjudicada por un posible ilícito penal, mantenga una actitud, de defensa de los imputados, más propia de parte acusada".
Argumenta, además, el sindicato "la fraudulenta trayectoria procesal mantenida por la representación de la Junta, así como por las distintas manifestaciones y actuaciones de representantes de la Junta", por las cuales "se pone en evidencia su actitud totalmente obstruccionista en la investigación de la presente causa".
En definitiva, para Manos Limpias es evidente que la personación de la Junta responde a una operación de imagen que no se corresponde con la realidad, que es el amparo de los imputados y sus altos cargos.
Es más, el sindicato, subraya El País, solicita "la transformación o reconversión" de la condición procesal de la Junta "en el sentido de que debe ser considerada como responsable civil subsidiaria de los delitos que hayan podido cometer los imputados en la presente causa, y que han ostentado cargos de responsabilidad dentro de la Junta".
A su juicio, "es más que presumible que además de los gravísimos perjuicios ocasionados a las arcas públicas andaluzas, también se hayan producido perjuicios económicos y daños morales a particulares y otras administraciones, como pudiera ser el Consorcio de Compensación de Seguros".