La Guardia Civil ha detenido este lunes a cuatro altos cargos de la empresa energética Cofely, uno de los centros de la trama de corrupción investigada en la Operación Púnica, al entender que a través de esta sociedad los ayuntamientos implicados contrataban servicios a cambio de adjudicaciones.
Fuentes de la investigación han indicado a Efe que los agentes han detenido a los directores general y comercial de la citada empresa, radicada en Madrid, así como a otros dos altos cargos. Se trataría, según las mismas fuentes, de una de las empresas donde "pivotaría" toda la trama de corrupción municipal y autonómica investigada, en la que han sido detenidas 51 personas.
La Fiscalía Anticorrupción ha explicado esta mañana la trama estaba "infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías" de Madrid, León, Murcia y Valencia y lograba contratos públicos en "connivencia" de ediles municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos.
De esta forma se habría asegurado "el éxito de adjudicaciones públicas a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".
Una de estas empresas que trabajaría para la trama sería Cofely, perteneciente al grupo GDF Suez, que en su página web se presenta como una experta en "soluciones globales e innovadoras" a fin de garantizar el máximo rendimiento energético de edificios e instalaciones; asegurar la producción y distribución de energías y reducir el impacto medioambiental.
Precisamente, esta empresa fichó como "asesor externo" hace unos meses al exvicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, que dejó el Gobierno municipal de la capital el pasado 9 de enero por su más que polémica gestión en la tragedia del Madrid Arena, en el que cinco menores perdieron la vida durante una macrofiesta en unas instalaciones del consistorio madrileño.
El julio de 2013, según señala en su web, esta empresa resultó adjudicataria de un contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos) del Ayuntamiento de Parla, uno de los municipios investigados y donde ha sido detenido su alcalde, José María Fraile. El contrato firmado permitiría disminuir a Parla, asegura esta web, cerca de un 40 por ciento de su consumo energético y de sus emisiones dióxido de carbono solo en el alumbrado público.