La Generalidad ya lo tiene todo dispuesto para el referéndum del próximo 9 de noviembre. La publicación en su página web de los locales electorales y la recomendación de que se imprima ya la papeleta son los subterfugios con los que la administración autonómica y los partidos del bloque separatista pretenden esquivar una nueva suspensión. Si en el primer intento, no hubo dudas en el Gobierno, el Consejo de Estado y el Constitucional sobre el cariz ilegal del 9-N, en esta ocasión, tanto el Ejecutivo como su órgano consultivo consideran que lo único que ha hecho la Generalidad es cambiar el nombre de "consulta" por el de "proceso participativo".
Artur Mas no se anduvo por las ramas en las reuniones de los partidos aliados en torno al 9-N. "Hay que engañar al Gobierno", les dijo el presidente de la Generalidad, pero el "cambiazo" de un referéndum por otro referéndum es un truco muy evidente. En cualquier caso, todos los dirigentes separatistas se han volcado con la campaña, que empezó el miércoles por la noche, horas antes de la reunión semanal del Consejo.
Todo listo
Todo está listo. La Generalidad, la ANC, Òmnium y los partidos hacen constantes llamamientos al voto, los medios públicos emiten propaganda y se presiona a los privados para que incluyan en sus parrillas los anuncios "institucionales" del "nuevo" 9-N. La estrategia de Mas consiste en dar toda clase de facilidades hasta que el Tribunal Constitucional vete su intentona. A partir de ese momento, entrarán en escena los funcionarios "voluntarios", que se encargarían de abrir los colegios electorales, de la seguridad de la jornada (que correría a cargo de mossos igualmente "voluntarios"), del control y recuento de papeletas. De esta forma, ya no hace falta firmar un decreto de convocatoria.
Mas y su entorno creen que volverá a prohibirse la campaña propagandista y se cancelará la web "participa2014", pero que esos serán los únicos efectos concretos que podría tener la más que previsible decisión del Constitucional respecto al "proceso participativo". De ahí que se insista a los catalanes que comprueben su local de votación más cercano y que impriman la papeleta antes de que la suspensión tenga un carácter formal. Para reforzar el operativo, voluntarios de la ANC montarán una campaña la próxima semana con llamadas de teléfono y correos electrónicos con las direcciones de los colegios electorales.
'Flyers' y mayores de 16 años
A su vez, los partidos del frente separatista se han comprometido a no detener sus campañas decida lo que decida el TC, por lo que el referéndum se convertirá en una suerte de fiesta rave, convocada por circuitos "alternativos" y con la papeleta como flyer. De hecho, uno de los puntales del operativo 9-N es la participación de los mayores de dieciséis años, a quienes todos los partidos interpelan como auténticos protagonistas de la jornada. La ANC tiene previsto incluso establecer retenes a las salidas de los after el 9-N para animar a los jóvenes a votar.
La falta de censo, amparo legal, garantías democráticas y unos requisitos formales mínimos no son impedimentos para la Generalidad. Un sistema informático, se aduce, controlará que no se pueda votar dos veces mientras que el censo se elaborará sobre la marcha, con un documento nacional de identidad o una tarjeta de residencia, habrá puntos de votación en el extranjero, un plazo de dos semanas más para que voten quienes no puedan hacerlo el 9-N y los resultados se darán a conocer entre 24 y 48 después del cierre de los colegios.
El "plan" es que la Generalidad ceda el testigo a los partidos y la ANC en el momento en el que el TC resuelva. A partir de ese instante, el referéndum del 9-N será una manifestación "espontánea" con la que se persigue demostrar a la comunidad internacional que Cataluña está oprimida por un Estado español que no deja expresarse a sus habitantes.