El Consejo de Estado considera que el referéndum alternativo que el presidente de la Generalidad, Artur Mas, pretende llevar a cabo el 9N "eleva, si cabe" la gravedad del que fue suspendido por el Tribunal Constitucional porque "se omiten algunas de las más elementales garantías constitucionales".
El dictamen aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, al que ha tenido acceso Efe, afirma que el hecho de que Mas o el Gobierno catalán no hayan aprobado un decreto de convocatoria del "proceso de participación ciudadana" en modo alguno impide "apreciar la existencia de un acto jurídico administrativo de convocatoria ya formalizado".
Asimismo, considera que el objeto y elementos esenciales de la nueva consulta son "sustancialmente idénticos" a los de la que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
"Lejos de atenuar los vicios de inconstitucionalidad de que adolece el proceso, eleva si cabe la gravedad de los mismos", afirma el Consejo de Estado.
Así, argumenta que el referéndum alternativo carece de garantías constitucionales como son la neutralidad de los responsables del proceso y la previa determinación del universo de votantes, "siendo así que la inobservancia de tales garantías atenta contra la libertad y la igualdad del sufragio que es regla habitual de cualquier sistema democrático".
Los miembros del Consejo de Estado afirman que el hecho de que Mas no haya firmado esta nueva convocatoria también "evidencia un propósito de eludir el control de la jurisdicción constitucional". Añaden que la convocatoria por parte de una autonomía, sin la autorización del Estado, de un proceso de participación ciudadana que, "alterando su naturaleza", llame al ejercicio del voto "adolece de un vicio de inconstitucionalidad, cualquiera que sea el objeto de dicho proceso".
Recalcan que queda fuera de las competencias autonómicas cualquier cuestión que afecte a la indisoluble unidad de la Nación española, recogida en la Constitución. El dictamen alude a declaraciones del presidente catalán sobre las diferencias entre la consulta suspendida por el TC y el proceso que pretende ahora llevar a cabo y señala que, en ellas, "se pone de manifiesto un propósito no disimulado sino explicitado de manera abierta y pública de eludir no sólo la suspensión ya decretada", sino evitar "futuras impugnaciones" del Gobierno ante dicho órgano.
También asegura que se hace patente su "conciencia" acerca de la "antijuridicidad" de su conducta y recalca que queda acreditada la "identidad" entre la consulta suspendida por el TC y la que ahora, "bajo nombre distinto", quiere realizar la Generalidad.