El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco califica la red desarticulada en la operación Púnica como una "trama organizada con perduración temporal y reparto de roles" que logró obtener de manera irregular la adjudicación de "numerosos" contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones.
Así lo dice en el auto por el que dicta el ingreso en prisión bajo fianza de cuatro de los doce detenidos que comparecieron este miércoles, entre ellos los alcaldes de las localidades madrileñas de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas Navarro, y de Parla (PSOE), José María Fraile.
En la ejecución y facturación de estos contratos, indica el juez, "las autoridades municipales se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contrato previo".
El juez explica que la trama se destapó gracias a la información que envió Suiza a las autoridades españolas sobre "varias cuentas" en un banco de ese país a nombre del exconsejero madrileño Francisco Granados y de su mujer, María Nieves Alarcón, así como de su socio David Marjaliza y la esposa de éste, Adela Cubas Navarro. Tras realizar seguimientos y escuchas a estas personas, se dedujo que "los fondos aflorados en las cuentas suizas pueden proceder de conductas delictivas vinculadas a la promoción urbanística y la contratación administrativa".
"Las investigaciones realizadas -afirma el auto- han permitido cerrar el círculo de la operativa de blanqueo en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación". El dinero lo reunían a través de una "red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como 'conseguidores' para terceras empresas a cambio de una comisión pactada, resultando tales empresas adjudicatarias de varios contratos".
Estos contratos son, detalla el auto, de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, del Instituto de Turismo y del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de la Diputación de León y de "múltiples" ayuntamientos.