El Sindicato de Obreros del Campo y Sindicato Andaluz de Trabajadores (SOC-SAT), feudo de Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo, puso a un pescador de Comisiones Obreras al frente del invernadero y la finca del empresario huido Simón Sabio y que desde entonces fue ocupada en la comarca del Poniente de Almería. Se trataba de Francisco Jiménez, que había sido Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Adra y militante de Comisiones Obreras.
Desde el verano de 2013 fue colocado como responsable de la finca, una decisión que fue cuestionada por una parte de la dirección del propio SAT-SOC, al considerarle una "persona ajena" profesionalmente a la explotación agraria así como al propio sindicato.
Según Noticias de Almería, Francisco Jiménez está en paradero desconocido, se ha desvinculado del sindicato y nadie se ha explicado cómo en un sindicato de "obreros del campo", un pescador se hace cargo de una finca agraria de producción compleja como lo es un invernadero. La contestación del sindicato ha sido que "la gente cambia de sector".
Se ha sabido después que en el periodo en el que la finca estuvo bajo la responsabilidad de Francisco Jiménez fue denunciado por algunos miembros del sindicato porque se había desviado el agua destinada al consumo de las familias para el riego de la tierra.
Miembros del SAT sancionados por la dirección nacional que lidera Diego Cañamero y contra quien han interpuesto una querella criminal explican que han recibido testimonio de trabajadores de que se habían realizado precontratos a cambio de trabajar sin cobrar remuneración. Incluso se llegaron a producir sobornos en forma de alimentos, juguetes... que fueron destinados a los trabajadores que eran afines al responsable de la finca impuesto por el Sindicato.
El descontento promovido por estos comportamientos condujeron a que el pescador Francisco Jiménez expulsara al trabajador inmigrante Mourad, por exigir su salario, con la intervención de la Guardia Civil. Mourad fue detenido el día 25 de febrero de 2014 y se cursó su orden de expulsión a su país de origen. Curiosamente, la intervención por parte de la dirección del SAT ahora sancionada por el equipo de Diego Cañamero ante la Subdelegación de Gobierno evitó que el trabajador fuese deportado a Marruecos.
Finca e invernadero ya no están ocupadas y sólo hay un pequeño grupo de inmigrantes que residen en los cortijos de la finca. De las 30 hectáreas cultivadas por 130 personas ya no queda nada, ni labor, ni trabajadores.